DURANGO, Dgo., 20 de enero (apro).- Una riña entre grupos antagónicos de presos, con alianzas con los capos de la droga, dejó un saldo de 24 muertos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 1 de Durango.
Por la noche, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció el inicio de la averiguación previa AP/PGR/DGO/DGO/029/2010, “en contra de quien o quienes resulten responsables por el homicidio de 24 reos durante una riña suscitada dentro del penal”.
La PGR precisó que de los internos que fallecieron con armas blancas, 14 eran procesados por delitos del fuero común y 10 estaban bajo proceso por delitos del orden federal (contra la salud, portación y posesión de arma de fuego).
Empero el procurador estatal Daniel García Leal confirmó anoche que “hay rumores acerca de que hubo uso de armas de fuego”.

Crónica de la violencia

Eran aproximadamente las 6:30 horas del miércoles, cuando el reo Lucio Sánchez Trejo llamó a su esposa por teléfono para indicarle: “¡Pide auxilio porque nos están atacando!”.
La mujer, desesperada, no supo en un principio qué hacer, pues enseguida su esposo cortó la comunicación y, cuando ella intentó comunicarse de nuevo con Lucio, éste ya no le contestó.
Así las cosas, se cree que a esa hora surgieron los ataques en contra de pequeños grupos de presos de diferentes departamentos.
Como era de esperarse, la confusión inició y los custodios, para no arriesgarse, se parapetaron en sus puestos o se retiraban de los enfrentamientos.
Aquello se convirtió en pocos minutos en una “carnicería”, en donde muchos gritaban, otros intentaban correr hacia donde se podían poner a salvo, pero al parecer ninguno lo logró; finalmente el grupo mayoritario logró su objetivo y asesinó en forma brutal a sus rivales.
Los ataques fueron simultáneos en cinco puntos diferentes, dejando por todos los departamentos una ola de temor y violencia.
Al filo de las 7:10, por fin alguien activó el “código rojo”, es decir, casi 40 minutos después que la esposa de Lucio recibió la llamada de alerta.

Refuerzan seguridad

En cuestión de minutos, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, de la Policía Federal y de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, así como decenas de patrullas seguidas por elementos del Ejército, sitiaron las instalaciones del penal y cerraron la carretera a Torreón, desde la entrada a los fraccionamientos Fidel Velázquez y Villas del Guadiana.
También arribaron cuatro ambulancias de la Cruz Roja, una de las cuales cuando circulaba por el bulevar Francisco Villa chocó contra un vehículo particular, dejando sólo algunos daños materiales.
Luego los accesos al reclusorio fueron cerrados y, cada vez que llegaban los trabajadores, se les impedía la entrada una vez que les informaban de la situación en el interior.
Pronto la situación se normalizó y no hubo necesidad de disparar gases lacrimógenos.
Cuando los policías y militares de los cuerpos de seguridad entraron al penal, la situación ya estaba bajo control y sólo se escuchaban los gritos de desesperación de los internos por tratar de avisar a sus familias su situación personal.

Reclamos de familiares

Sin embargo, la desesperación de la gente fue creciendo conforme pasaban las horas. Un grupo de 60 personas se agolpó frente a los accesos del penal para reclamar información sobre sus familiares heridos o muertos.
Media hora después sumaban 200 los familiares que exigían conocer los nombres de las víctimas.
Luego ingresó el comandante de la Décima Zona Militar, el general Moisés Melo García, resguardado por un convoy del Ejército que se tomó posición en el estacionamiento del centro penitenciario.
También arribó el director del penal, Juvenal Zamora, quien eludió los reclamos de los familiares de los presos.
Tras las protestas, el general Melo García salió para dar la primera explicación oficial sobre la masacre. Dijo que los militares sólo iban de refuerzo para normalizar la situación del penal, aunque confirmó que había 24 occisos y mencionó que el vocero de la PGJE, Rubén López Gallegos, en breve identificaría a las víctimas.
En esos momentos salieron de las instalaciones dos unidades del Servicio Médico Forense (Semefo), presumiblemente con los cuerpos de los asesinados.
Las víctimas son Alejandro Alonso Favela, Miguel Ángel Núñez López, José Miguel Malpica Guzmán, José Manuel Muñiz Contreras, José Martín Parra Moreno, Juan Luis Núñez López, Ubaldo Lerma Alemán, Ruperto Guerrero Aragón, Juan Miguel Aragón Palacios y José Manuel Quintero Monárrez.
Además, Héctor Quintero Juárez, Luis Leonardo Zermeño Navarro, Arturo Segura Reséndiz, Manuel Hernández Alba, Omar Lozoya Domínguez, Luis Rey Vargas, Jesús Cervantes Ruiz, Lucio Sánchez Trejo, Sergio Eduardo Contreras Rojas y Miguel Robles Ortega.
Asimismo, Daniel Santillán Aguilar, Olegario Lerma Castillo, José Sarmiento Villegas y Rafael Rosales Moreno.

Concluyen autopsias

Poco después de las nueve de la noche, los ocho médicos del Semefo concluyeron las autopsias de ley, las que revelaron, entre otras, las causas de muerte: heridas causadas con armas punzo-cortantes, hemorragias internas y externas y traumatismos de cráneo, aunque aparentemente ninguno reo presentaba heridas causadas con proyectil de armas de fuego.
Sin embargo, desde temprano se dio a conocer que en el interior del penal se encontró un casco vacío de calibre 9mm.
Los peritos de la Procuraduría y el Ministerio Público hicieron el registro de los objetos con que presuntamente se cometieron los homicidios: puntas, martillos y alambres.

Sobrepoblación en el penal

Actualmente el Centro de Readaptación No. 1 de Durango cuenta con una capacidad para albergar a mil 800 reos, pero tiene una población de 2 mil 130, de los que 35% son internos que purgan sentencia o son procesados por delitos del fuero federal, entre ellos delitos contra la salud, delincuencia organizada y portación ilegal de armas de fuego.
Del total de internos, 136 son mujeres que en su mayoría también cumplen penas o son procesadas por delitos del fuero federal (con información de Contexto de Durango).