SME presentará queja contra Calderón ante la CIDH

miércoles, 20 de enero de 2010

MÉXICO D.F., 19 de enero (apro).- En el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) fueron colocadas varias pancartas con las siguientes inscripciones: “El pueblo de México se levanta en armas cada cien años: 1810, 1910, y ahora en 2010”, “2010 año de la nueva Revolución Mexicana”.
Dichos carteles dibujan el estado de ánimo de los trabajadores despojados de su fuente de empleo tras el cierre de la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC).  
Junto a los carteles, resalta la imagen de la Virgen de Guadalupe con la leyenda escrita: “La familia electricista a tus pies”.
Esta mañana, en ese recinto, el secretario general del SME, Martín Esparza, ofreció una rueda de prensa para denunciar el “saqueo” de lo que fueron sus centros de trabajo, así como de la “represión” de la que han sido objeto sus compañeros.
Según Esparza, el saqueo se hizo con el consentimiento de la Policía Federal Preventiva (PFP).
“El sindicato está considerando hacer una denuncia penal en contra de quien resulte responsable por estos hechos de saqueo”, ocurridos los días 8 y 16 de enero, de las instalaciones del Centro de Trabajo de Líneas Aéreas Sur, advirtió el abogado Gerardo Pineda.
Inicialmente, dijo, la denuncia se hará en contra “del Comandante que esté resguardando estas instalaciones y del apoderado legal de Comisión Federal de Electricidad, porque mientras se está resolviendo el recurso de revisión por el Poder Judicial Federal, ellos están haciendo su agosto sacando las cosas de los Centros de Trabajo”.
Los miembros del SME mostraron a la prensa videos que documentan dos detenciones por parte de la policía capitalina a los supuestos saqueadores. Las cintas muestran la detención de individuos con maletas llenas de cables de cobre, propiedad de Luz y Fuerza del Centro, cuyas instalaciones están resguardadas por la PFP.
Evidentemente, dijo el licenciado Pineda, “La PFP está consintiendo estos actos delictivos”.  Los videos, dice, son pruebas “contundentes” de que “se está llevando a cabo el saqueo por parte de individuos que tienen alguna relación con las personas que están resguardando las instalaciones de Luz y Fuerza del centro”. La PFP resguarda el lugar.
Martín Esparza fue más contundente: “Los de la PFP han estado robando material de trabajo y equipo muy caro, que fue comprado en dólares y que sirve para hacer reparaciones. Entran vehículos particulares por las noches y sacan el cobre en bolsas negras”.
Así lo acusa uno de los videos presentados, registrado a las 2:00 horas del pasado 16 de enero, en el que se aprecia que, dentro de las instalaciones del Centro de Trabajo de Líneas Aéreas Sur, ante la presencia de la PFP, un taxi del estado de México sale del lugar al que no debiera “tener acceso”, según el abogado del SME. El mismo taxi fue detenido con cobre por la policía capitalina, según se aprecia en el video, y remitidos sus tripulantes.
De ahí se genera otra denuncia. Fernando Amezcua, vocero del SME, dijo: “No sabemos hasta donde está involucrado el Gobierno del Distrito Federal (GDF) en estas circunstancias. La denuncia es también en contra del GDF porque, en el caso del Ministerio Público, no están recibieron la denuncia de robo, diciendo que no lo harían hasta que no llegue un representante de CFE. ¿Qué tiene que ver si se denuncia un robo?”, dijo.
Y es que, según el relato del abogado Pineda del SME, el día de los hechos (16 de enero), fueron rechazados por tres agencias ministeriales antes de ser atendidos. “La agencia 45, la agencia de Camarones de la PGR y la agencia de la glorieta de Insurgentes”. “La titular de la Agencia de Insurgentes nos comenta que no nos va a recibir ninguna declaración hasta que llegue un apoderado legal de la CFE, en una violación al artículo 123 del Código federal de Procedimientos Penales, que tiene la obligación de recabar esta información.
“Cuando hay un procedimiento en contra de compañeros del SME si se toman. La ley no se puede aplicar según clases y colores”, reclamó Pineda.
El ingeniero José Luis Barrón, quien grabó los videos del saqueo en las instalaciones de Líneas Aéreas del Sur, donde él trabaja, denunció que  “una semana antes del decreto  (octubre pasado), llegaron 24 bobinas con 25 metros de este cable cobre cada una. El saqueo presumimos que ha sido tremendo”, dijo.
Ante esto, dijo Esparza, “y es uno de los puntos que tocamos en la Segob el viernes”, “se debe hacer un inventario de lo que hay y compararlo contra lo que había antes del 10 de octubre. Son pérdidas multimillonarias, había material de miles de millones de pesos que se adquirieron con el presupuesto de Luz y Fuerza”.
En un tercer video, tomado en las inmediaciones del Centro de Trabajo Líneas Aéreas Pantitlán, aparecen elementos de la PFP con armas largas desalojando el campamento de los miembros del SME.
Los trabajadores fueron agredidos verbalmente y, posteriormente, hicieron un disparo contra una barda cercana a la posición de los trabajadores. “Evidencia que los actos de la Policía Federal están cambiando de tono. Son actos represivos. Hostigan sin miramientos a los compañeros para que retiren los campamentos. El Gobierno no respeta el estado de derecho”, dijo el abogado Pineda.
Sobre esto último, Esparza dijo: “Dan risa los comentarios de Calderón. Dice que ayer celebró que ‘hemos dejado atrás el autoritarismo, y por fortuna la verdad oficial hoy impera como única de las decisiones presidenciales’. A la vez observamos que detienen compañeros por estar volanteando, quitan las mantas del SME por las noches...”.
Esparza acusó al presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el panista Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, de tener “intereses mezquinos” en el conflicto. “Estamos investigando a su empresa, Consultoría y Proyectos Eléctricos Tamaulipas, de la que se están pidiendo datos a través del IFAI, por ser contratista”, dijo.
Por último, Esparza anunció que por la tarde viajarían a Washington, Humberto Montes de Oca y Pipino Cuevas, secretarios del Interior y de Fomento del SME respectivamente, para hacer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)en contra del Ejecutivo por el decreto “violatorio” de las garantías de los trabajadores del SME. “A ver si allá nos hacen caso, no como las comisiones en México que no nos atendieron. Aquí los que están para impartir justicia y hacer valer las garantías individuales y colectivas de los mexicanos responden a los intereses del dinero”, concluyó el líder sindical.