AI exige a Calderón proteger la vida de activistas

jueves, 21 de enero de 2010

MÉXICO, D.F., 21 de enero (apro).- Amnistía Internacional evidenció hoy la vulnerabilidad en que se encuentran los defensores de derechos humanos en México.

Durante la presentación del informe Exigiendo justicia y dignidad: Defensores y defensoras de los derechos humanos en México, la investigadora Nancy Tapias Torrado acusó a las autoridades mexicanas de “incumplir con su obligación” de proteger a los defensores de los derechos humanos frente a los homicidios, al hostigamiento y las agresiones que amenazan sus vidas.

Lo peor, añadió, es que los responsables de esos abusos son en ocasiones autoridades locales, estatales o federales. “Las autoridades son en ocasiones quienes presentan cargos falsos contra defensores de los derechos humanos y los procesan indebidamente, simplemente para castigarlos por su defensa de los derechos humanos", puntualizó.

Tapias Torrado añadió que en otros casos los presuntos abusos contra quienes se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos son perpetrados por personas no identificadas. “En estos casos, dijo, las autoridades estatales y federales suelen ser lentas tanto en la respuesta como en la investigación, lo que agrava aún más los abusos".

Luego de detallar que el informe da cuenta de más de 15 casos de defensores que han sido víctimas de homicidio, agresiones, hostigamiento y amenazas o han sido encarcelados por cargos falsos de 2007 a  2009, la investigadora de AI apuntó que “defender los derechos humanos en México puede costar la vida, y el gobierno no está haciendo lo suficiente para resolver el problema”.

El informe refiere varios casos, entre ellos el de Obtilia Eugenio Manuel, fundadora y presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) en Guerrero, quien ha recibido numerosas amenazas de muerte y actos de intimidación desde 1998, tanto que en los últimos años el miedo la obligó a huir, junto con su familia, de su comunidad.

Ninguna de las amenazas ni de los actos de intimidación en su contra, han sido investigados hasta ahora.

.Otro ejemplo que rescata AI es el de Ricardo Murillo Monge, portavoz y miembro fundador de Frente Cívico Sinaloense (FCS), quien fue encontrado muerto en su automóvil en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el 6 de septiembre de 2007. Sólo dos años después, el 31 de agosto de 2009, Salomón Monárrez, otro portavoz del FCS, sobrevivió por poco a un intento de asesinato.

Un caso más: El 20 de febrero de 2009, los defensores indígenas de derechos humanos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas fueron encontrados muertos en Tecoanapa, Guerrero.

Los defensores ocupaban el cargo de presidente y secretario de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, y fueron secuestrados por policías vestidos de civil el 13 de febrero en un evento público en Ayutla de los Libres.

Aún no hay responsables detenidos por estos hechos.

Amnistía consignó en su informe la situación de peligro que enfrentan otros activistas: el padre Alejandro Solalinde, quien se dedica a la defensa de los derechos humanos de los migrantes en Ixtepec; Cipriana Jurado, quien lucha contra los abusos del Ejército en Ciudad Juárez, y la periodista Lydia Cacho.

"Aunque los métodos varían, el fin es siempre el mismo: provocar temor e impedir a los defensores y las defensoras de los derechos humanos que lleven a cabo sus acciones y su trabajo legítimos", apunta.

Según AI, "el Estado tiene la obligación de actuar contra las personas que dificulten o amenacen el trabajo de quienes defienden los derechos humanos, independientemente de que el Estado haya ordenado dichos abusos, haya actuado en conveniencia o haya mostrado su aquiescencia respecto a ellos".

El organismo recomienda al gobierno mexicano a dar prioridad a la protección de los defensoras, especialmente los más expuestos al peligro, es decir, quienes trabajan sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas o sobre los derechos económicos, sociales y culturales.

Asimismo, pide garantizar investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales sobre las denuncias de abusos contra éstos y reconocer explícitamente la legitimidad de su trabajo.

Sugiere al Estado mexicano garantizar que el sistema de justicia penal no se utilice para atacar o acosar a quienes defienden los derechos humanos; aumentar la tolerancia de las acciones y protestas públicas como vía legítima para promover los derechos humanos y dejar de presentar acusaciones penal s contra quienes participan en ellas.

Finalmente, recomienda adoptar medidas para otorgar remedio a los defensores y defensoras que han sufrido algún ataque o corren peligro de sufrirlo; garantizar un entorno en el que sea posible defender los derechos humanos sin temor a represalias o intimidación y revisar y reforzar el papel que las comisiones de derechos humanos pueden desempeñar en la protección de los defensores.

 

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