MÉXICO, D.F., 25 de enero (apro).- El delegado de Álvaro Obregón, Eduardo Santillán, reconoció que en los últimos cinco años el Bar-Bar, donde esta mañana fue baleado el delantero del América, Salvador Cabañas, no fue sometido a ningún tipo de revisión por parte de esa demarcación. 
En conferencia de prensa, Santillán confirmó que el local fue clausurado “como medida preventiva” y por infringir la Ley de Establecimientos Mercantiles, cuya fracción 15 del artículo 14 establece que es responsabilidad de los dueños del lugar “vigilar que se conserve la seguridad de los asistentes y de los dependientes dentro del Establecimiento Mercantil, así como coadyuvar a que con su funcionamiento no se altere el orden público de las zonas inmediatas al mismo”.
De acuerdo con documentos entregados a los medios, el antro funcionaba con el nombre mercantil de Restaurante Bar Resybar, SA de CV, con licencia para vender bebidas alcohólicas, y con esa figura funcionaba desde el 15 de noviembre de 1984, con un permiso especial.
El 22 de noviembre de 2002 el lugar se regularizó, y en la administración del panista Luis Eduardo Zuno Chavira se le otorgó una licencia para funcionar mediante la figura de “club privado”, permiso que fue ratificado en 2005 y 2008, durante los gobiernos de los perredistas Leticia Robles y Leonel Luna.
Como responsables de la sociedad mercantil aparecen Ramón Charaf Medina, Simón Charaf y Martín Arias Bochelén.
El delegado de Álvaro Obregón señaló que de acuerdo con la legislación, para la ratificación de las licencias “no se establece como requisito la verificación” de los establecimientos mercantiles.
Y la figura de “club privado”, apuntó, establece necesariamente la existencia de una membresía para ingresar, como lo señala el artículo 38 de la Ley de Establecimientos Mercantiles, con horario permanente y venta de alcohol de las 7:00 horas a la 2:00 horas del día siguiente, por lo que el Bar-Bar incumplió con las disposiciones de carácter administrativo, porque siguió vendiendo alcohol fuera de ese horario.
Según el funcionario, en los últimos cinco años “no se tienen registros de verificación por el funcionamiento” del lugar, e insistió que para que la delegación pudiera realizar una verificación se requería cumplir con el requisito de una denuncia ciudadana formulada por escrito.
Santillán destacó que durante su gobierno se realizaron 184 verificaciones administrativas en establecimientos de restaurante-bar, de las cuales 20 se tradujeron en clausuras, pero de esas revisiones, dijo, ninguna correspondió al Bar-Bar.
Asimismo, advirtió que si en las investigaciones que realizan las autoridades se le encuentra responsabilidad, está dispuesto a asumirlas.
“Si en el transcurso de las investigaciones en materia penal o administrativa hay sanciones para cualquier tipo de funcionario, creo que debe de actuarse con la contundencia que este caso amerita”, anotó.
El delegado se quejó de que la Ley de Establecimientos Mercantiles limita a las administraciones delegacionales a actuar sólo a partir de denuncias ciudadanas y por programas específicos, además de que las multas por faltas infringidas por los locales son muy bajas, de entre 126 y 350 días de salarios mínimos, o sea aproximadamente 500 mil pesos.
Sobre las declaraciones que hizo el secretario de Protección Civil, Elías Moreno Brizuela, en el sentido de que en los últimos días de gestión de Leonel Luna, la Unidad de Protección Civil delegacional tuvo que haber realizado la verificación al Bar-Bar, Santillán dijo desconocer tal información, pero que se comunicaría con el funcionario del gobierno central para tener datos al respecto.
De acuerdo con Moreno Brizuela, en sitios de “alto impacto”, como lo es el Bar-Bar, lo que prevalece es la falta de salidas de emergencia. No hay “barras de pánico” para poder abrir rápidamente, no hay material antiderrapante, tampoco suficientes extintores, además falta de señalización y hay fallas en instalaciones eléctricas y de gas.

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