La Ley General de Cultura, una puerta a las franquicias: Iván Franco

lunes, 25 de enero de 2010

MÉXICO, D.F., 20 de enero (apro).- Ante la posibilidad de que la actual Legislatura trabaje en la creación de una Ley General de Cultura, el investigador en legislación cultural, Iván Franco Cáceres, analiza los efectos que ello podría tener en el marco jurídico de las instituciones culturales, así como en el patrimonio cultural y su conservación.

Doctor en ciencia política e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en su Centro Regional Yucatán, Franco Cáceres considera que la creación de una ley general será el siguiente paso de los legisladores, luego de que la Cámara de Diputados aprobó en octubre de 2008 reformas a la Constitución para establecer en el artículo 4 el llamado “derecho al acceso a la cultura”.

En su ensayo “El Conaculta y la Ley General de Cultura” --que formará parte de un libro que prepara sobre el subsector cultural--, el investigador opina que los cambios obedecieron a la intención de impulsar una definición conceptual y jurídica de la cultura, asociándola al desarrollo económico y, más recientemente, a la explotación turística.

Las primeras páginas son un recuento de cómo se impuso al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) a las instituciones que por ley se han ocupado de las tareas culturales (los institutos nacionales de Antropología e Historia y de Bellas Artes), desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Explica:

“La creación del Conaculta estuvo entonces muy asociada a la necesidad de fomentar actividades culturales en el nuevo contexto de apertura comercial propiciado por el mercado global en ciernes.”

Rememora que, luego de la Cumbre Mundial de Cultura y Desarrollo realizada en México en 1982, se adoptó en la legislación internacional una noción de cultura más “flexible y amable al mercado y al desarrollo económico”, con lo que hasta la propia UNESCO considera los productos culturales como “mercancías especiales” y se asume la “importancia” de promover la vinculación de la cultura con “el desarrollo económico, el turismo masivo y la promoción de las industrias culturales”.

Señala:

“La aprobación del ‘derecho al acceso a la cultura’ en el artículo 4 de la ley máxima, es en realidad un ajuste constitucional para favorecer la participación de empresas y particulares en la promoción y difusión de actividades culturales, ya que se dio en condiciones que no auguran el fortalecimiento ni la creación de normas de regulación públicas tanto para consolidar la legislación vigente como la que podría aprobarse en la materia.”

Para el investigador, muestra de cómo la concepción de la cultura ha ido cambiando en favor de la mercantilización, además de la intención de relacionarla con el desarrollo económico y la promoción turística y desvincularla del campo de la educación, son proyectos como el “fallido” Resplandor Teotihuacano, con el que se pretendió montar un espectáculo de luz y sonido en la zona arqueológica de Teotihuacán, así como el “sí” logrado en la votación por internet para incluir a la pirámide de Kukulkán en Chichén Itzá como una de las siete nuevas maravillas del mundo.

Añade que, además, en Chichén Itzá se realizan conciertos “elitistas” con la anuencia de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Conaculta, aunque, a decir del investigador, el gobierno estatal de Yucatán y las empresas transnacionales que invierten en estos proyectos, deben ser quienes asuman los costos políticos.

Es el caso de la presentación de la cantante inglesa Sara Brigthman, en octubre de 2009, y los ya anunciados de Elton John para abril de 2010 y Paul McCartney para 2111, en Chichén Itzá.

Menciona también la Cumbre Tajín. Afirma que se está concediendo a los gobiernos estatales (Yucatán y Veracruz en estos casos), la opción e erigirse en promotores comerciales de espectáculos internacionales dirigidos a la elite nacional y mundial.

Y tras hablar también de los proyectos turísticos que han comenzado a operar en la península de Yucatán, advierte:

“Con la reforma constitucional señalada y con su aterrizaje en una Ley General de Cultura, el mercado de la cu

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