La mujer mutilada no es Nayhelli Reyes, aclara la Procuraduría de Veracruz

lunes, 25 de enero de 2010

JALAPA, Ver., 25 de enero (apro).- El procurador de Justicia del estado, Salvador Mikel Rivera, confirmó que el cadáver descubierto ayer en el fraccionamiento Jardines de Virginia, en Boca del Río, no es el de la secretaria oficial del Tribunal Unitario del Poder Judicial de la Federación, Nayhelli Reyes Santos, quien en días pasados fue levantada por un grupo de desconocidos.
    “Los facinerosos” arrojaron un cuerpo que pretendían hacer pasar “por Nayhelli, pero no es Nayhelli”, señaló por su parte el gobernador Fidel Herrera Beltrán.
    La mañana del pasado domingo 24, entre las calles Invernadero y Habaneras, fue hallado el cuerpo mutilado de una mujer, a quien sus asesinos cercenaron brazos y piernas; además, le cortaron la cabeza y con un cuchillo le clavaron una cartulina con un narcomensaje que decía: “Esto le va a pasar a todos aquellos que le falten al respeto o pongan el dedo a la compañía. Atentamente Z”.
    De acuerdo con el procurador de Justicia, ya se realizan las pruebas de ADN para determinar la identidad de la mujer, cuyo cuerpo se encuentra en el Servicio Médico Forense (Semefo), e insistió que no se trata de la funcionaria del Segundo Tribunal Unitario de Justicia.
Mikel Rivera hizo esa declaración luego de que los padres de la abogada –desaparecida el pasado jueves 21– acudieron a las instalaciones del Semefo y afirmaron que el cabello del cuerpo de la mujer que les presentaron tenía características diferentes al de su hija.
    En la PGJE, añadió el funcionario estatal, se utilizan todos los instrumentos de servicios periciales para poder identificar a la mujer asesinada. Al momento, dijo, “se han tomado muestras de ADN y huellas dactilares, y se están revisando todos los archivos de denuncias sobre desaparecidos, tanto fuera como dentro del estado”.
    Sobre la desaparición de la funcionaria del Poder Judicial, afirmó que las investigaciones continúan, en tanto que la policía estatal y las fuerzas federales trabajan para dar con su paradero y brindar “seguridad” a la población veracruzana.
    En lo que respecta a la desaparición del maestro Rigoberto Velásquez, exfuncionario del Poder Judicial de la Federación, el gobernador Fidel Herrera Beltrán aseguró que se han reforzado las tareas para dar con su paradero.
    Según Herrera, tanto Reyes Santos como Rigoberto Velásquez “son dos personas totalmente ajenas a la delincuencia organizada”, y su secuestro –dijo– sólo se entiende debido a que eran vecinos de una casa de seguridad que operaba un grupo delincuencial en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
    Asimismo, se manifestó preocupado porque la lucha contra el crimen organizado “ahora está teniendo consecuencias con inocentes que están muy lejos de tener siquiera una participación”. En el caso de Nayhelli Reyes y del licenciado Velázquez, agregó, “simplemente tuvieron la desdicha de ser vecinos, sin saberlo, de quienes operaban en un hogar encubierto acciones de delincuencia organizada”.
    El mandatario estatal señaló que ha tenido acercamientos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, para analizar el caso de Reyes Santos, y descartó que su secuestro sea un mensaje de intimidación contra las instituciones de impartición de justicia, ya que Nayhelli sólo es una empleada y no ostenta el cargo de juez.

PGR investiga el caso
La delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Veracruz inició una averiguación previa para investigar la desaparición del paradero de Reyes Santos, ocurrida el pasado jueves en Boca del Río.
Una de las líneas de investigación que siguen las autoridades es que Reyes Santos aportó información confidencial a autoridades militares que permitió dar con el paradero de Juan Carlos Tarabay Castillo, El 20, presunto auditor de Los Zetas en siete estados del país y capturado el 19 de enero pasado.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) lamentaron “profundamente” la desaparición de la oficial administrativa.
Mediante un comunicado, ministros y consejeros se unieron a la preocupación de familiares, amigos y compañeros de trabajo y señalaron que solicitaron a las autoridades que fortalezcan las investigaciones.
Desde el asesinato de dos jueces federales en 2001, los plenos de la SCJN y el CJF no se habían pronunciado de manera conjunta sobre un asunto de este tipo.

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