Denuncian violación a derechos en estación migratoria de Chiapas

martes, 26 de enero de 2010

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 26 de enero (apro).- El Centro Fray Matías de Córdova y Ordóñez denunció hoy violaciones a derechos de indocumentados en la estación migratoria “modelo” de Tapachula.
La estación migratoria de Tapachula, dependiente del Instituto Nacional de Migración (INM), fue inaugurada el 28 de marzo del 2006 por el entonces presidente Vicente Fox y desde entonces las autoridades federales la consideraron una “instalación modelo”.
Al presentar su “Informe: derechos humanos y condiciones de detención en la estación migratoria Siglo XXI”, la ONG destacó que para conocer las condiciones de detención en esas instalaciones llevó a cabo entrevistas con 304 migrantes.
La mayoría de los indocumentados, acotó, son jóvenes con edades que van desde los 11 hasta los 29 años y que más de la mitad de ese grupo son menores de edad que viajan solos.
Según el informe, se pudo detectar la presencia mayoritaria de tres nacionalidades que, juntas, constituyen 90% del total. Ellas son la guatemalteca, hondureña y nicaragüense. El 10% restante se compone de ciudadanos de otros países: cubana, brasileña, dominicana y africana.
“Sorprendente y grave fue la detección de dos ciudadanos mexicanos detenidos junto a los migrantes. La detención, operada por personal del INM y, según el testimonio de los interesados, por parecerse a guatemaltecos, denuncia un claro caso de privación ilegal de la libertad, causada además por prejuicios discriminatorios”, acusa el Centro Fray Matías.
La mayoría de los entrevistados declaró haberse internado al país de manera irregular. El 40% de ellos a través de las fronteras de Tecun Uman y Ciudad Hidalgo.
Al menos una cuarta parte de los entrevistados afirmó haber sido detenido por otra autoridad que no fuera personal del INM, tales como la Policía Federal, estatal o municipal, e incluso el Ejército.
“En este aspecto, la escasa claridad de la norma legal mexicana acerca de los alcances de las colaboraciones solicitadas por el INM a otras corporaciones de seguridad, abre la posibilidad a abusos y a violaciones a derechos” contra los indocumentados.
En el rubro de salud, la encuesta revela que 60% de los migrantes detenidos no ha recibido visita médica alguna tras ingresar a la estación Siglo XXI.
El reporte indica que se detectó una clara violación “al constatar que la atención médica no se proporciona durante las 24 horas, sino solamente en horario diurno”.
En el punto de la alimentación, la higiene y la confortabilidad los datos son más alentadores, aunque los entrevistados denunciaron la precariedad en el abastecimiento de enseres para la higiene personal, así como falta de privacidad e intimidad al momento de bañarse o utilizar los sanitarios.
Incluso 20% de los entrevistados declaró dormir en el piso, sin colchonetas ni otros insumos útiles para descansar adecuadamente.
Por lo que concierne a la seguridad interna, sólo uno de cada diez entrevistados declaró haber atestiguado disturbios internos, pero 50% de ellos declaró que en las peleas estuvieron involucrados guardias de seguridad de la Estación.
“Si bien el tema del refugio no pudo ser tratado en este informe con el espacio y la profundidad debidos, se debe comentar que 68% de los entrevistados declaró desconocer qué es el refugio y que tampoco recibieron información al respecto. Lo anterior es un claro indicio de que tanto el INM como la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) no tienen interés o capacidad para detectar posibles candidatos al derecho al refugio”, acota el documento.
Ante ello, la ONG solicitó al gobierno federal se garantice y proteja los derechos de los migrantes, en especial los de los ciudadanos menores de edad; además, que no se produzcan abusos y detenciones arbitrarias por causas de prejuicios y discriminación.
También propuso se reformen los artículos 73 de la Ley General de Población y 98 de su reglamento, con el fin de que se precisen y acoten las situaciones en las que el INM puede solicitar colaboración a otros cuerpos de seguridad.
Así mismo, exigió que se capacite en materia de derechos humanos a toda autoridad involucrada; se modifiquen los horarios de atención médica interna en la estación Siglo XXI, y que se promueva una ley de asilo y refugio, a efecto de que este derecho sea regulado de manera específica.