MÉXICO, DF, 26 de enero (apro).- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordó solicitar al presidente Felipe Calderón que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que rinda un informe sobre los motivos para retirar a su embajador permanente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
El lunes pasado, la propia Cancillería admitió que retiraba de sus funciones ante la UNESCO al poeta Homero Aridjis para concentrar esas tareas en la representación diplomática en París, Francia, a cargo de Carlos de Icaza.
El dictamen, que presentó el diputado priista Felipe Solís Acero, destaca que el único argumento esgrimido por la SRE es el de “un ahorro significativo” luego que un embajador concentre las funciones en una sola representación extranjera.
Sin embargo, detalla el documento:
    “El sueldo del embajador permanente no es un monto especial tratándose de la misión ante la UNESCO, ya que corresponde a un sueldo de tabulador fijado por la SRE para embajadores de la zona europea; la delegación dispone de dos automóviles, un Mercedes, que tiene cinco años de servicio, y un Peugeot 2008; asimismo, se paga la renta del departamento para la representación y el de las oficinas, sin olvidarse de los servicios de chofer y ama de llaves.”
    Y puntualiza:
    “Todo ello son gastos habituales en todas las representaciones de México en el extranjero y que varían según la zona geográfica de destino.”
    De hecho, el senador petista, Ricardo Monreal, cuestionó, en un punto de acuerdo presentado el 20 de enero anterior, por qué si realmente se busca eficiencia administrativa no se evaluaron las consecuencias en el caso de UNESCO, y en cambio el caso de la embajada de México ante el Vaticano no sólo permaneció intocable, “sino que además se le pretende dotar mayores recursos”.
    En el texto, el senador increpa a Calderón que en asuntos de educación, ciencia, tecnología y cultura “ha mostrado, efectivamente y de manera inexplicable, una política de austeridad y debilitamiento”, mientras que “tratándose de asuntos que él llama ‘de seguridad pública’, no ha tenido miramientos para asignar partidas privilegiadamente altas”.
    El dictamen de la Permanente también aborda el hecho de que ni la Cancillería ni la Presidencia han comunicado cuáles serán las medidas del gobierno federal para garantizar el cumplimiento de las actividades que realizaba la misión permanente:
    “Sólo puede afirmarse que nos encontramos ante la presencia de un hecho notorio, el cual ha sido de trascendencia para todo el país y la comunidad internacional y que requiere de la eventual expresión de esta representación soberana para contar con la certeza jurídica necesaria y, en su caso, se adopten las medidas legales correspondientes.”
    Y concluye:
    “No cabe duda que este atentado contra la autonomía de la oficina externa de la Misión Permanente de México ante la UNESCO afectará aún más nuestra imagen ante la comunidad internacional.”