MEXICO, D.F., 28 de enero (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, anunció que no interpondrá un recursos de inconstitucionalidad contra la legalización de los matrimonios gay y la posibilidad de que adopten, porque dijo, “en el país se debe garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de todas las personas”.

De acuerdo con el ombudsman no existe desde el punto de vista jurídico razón alguna para oponerse a dichas reformas que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Por separado, David Razú, principal promotor de las reformas al Código Civil, señaló que la acción de inconstitucionalidad presentada por la PGR es “discriminatoria”, y reiteró que detrás de esa decisión están el presidente Felipe Calderón, el PAN y la Iglesia.

"El presidente de la República y su procurador (Arturo Chávez Chávez) están enviando un mensaje discriminatorio a la sociedad”, en el sentido de que “hay familias que no deben recibir la protección del Estado mexicano", dijo.

"Están defendiendo que los hijos de estas familias, que ya existen, no deben recibir protección social. Es un mensaje de discriminación y segregación en contra de un sector de la sociedad", agregó.

Razú indicó que esperarán a que la Corte dé entrada al recurso presentado por la PGR, pero confió en que ganarán el debate, dado que la reforma no viola la Constitución.

"La Constitución defiende la no discriminación, los derechos para todos sin diferencia, así que vamos a ganar. Además, hasta ahora no hay jurisprudencia internacional que haya revertido este tipo de reformas en otros países", dijo.

En la acción de inconstitucionalidad que ayer presentó ante la SCJN, la PGR menciona que las reformas a los artículos 146 y 391 del Código Civil para el Distrito Federal, que regulan las figuras del matrimonio y la adopción, violan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 146 del citado código, agrega, contraviene el principio de legalidad, pues la reforma se aparta del fin constitucional de protección de la familia concebida expresamente por el Poder Constituyente Permanente en 1974.

De igual manera, añade, la modificación que realizó la ALDF parte de la tesis de que no existía protección legal del ejercicio de los derechos de las parejas integradas por personas del mismo sexo y que desean fundar una familia.

“Ello no es exacto, pues en el Distrito Federal existe, desde 2006, la institución jurídica de la sociedad de convivencia, que tutela prácticamente los mismos derechos que el matrimonio, salvo los relacionados con la procreación y la descendencia”, puntualizó la PGR.

Sin embargo, Razú calificó de “endebles” los argumentos de la instancia federal contra la reforma, y añadió que aunque no conocen a fondo el expediente, “nos llama la atención que la PGR controvierta el artículo 391 cuando éste ni siquiera fue reformado por la Asamblea Legislativa”.

La vocera del PRD en la Cámara de Diputados, Leticia Quezada, fue más allá al afirmar que la Procuraduría General de la República hace “el trabajo sucio y de cañería del Estado”.

Es una pena, dijo, que el Estado utilice al abogado de la nación “para hacer el trabajo de la derecha que obedece a intereses morales y católicos, más no a los jurídicos”.