MÉXICO, D.F., 30 de enero (Proceso).- Pese a las fuertes acusaciones de que el gobierno de Felipe Calderón busca favorecer a Televisa, y a la operadora española Telefónica, que en México dirige el exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, el martes 26 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció las bases para la licitación de la red de fibra óptica de la CFE y sigue adelante con la puja por las concesiones de la banda de 1.7 y 1.9 Gigahertz. Una decisión que indica claramente de qué lado está el gobierno federal, ya que los afectados son el Grupo Salinas, MVS, Telmex... y el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Las licitaciones de la banda 1.7 GHz para telefonía móvil de cuarta y quinta generación, así como la del primer par de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad para servicios de internet en banda ancha, tienen los “dados cargados” y constituyen “un traje a la medida” de Televisa, Nextel y Telefónica.

En eso coinciden los abogados de las empresas Iusacell-Unefon, propiedad de Ricardo Salinas, y MVS, de Joaquín Vargas, pero también especialistas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y hasta exfuncionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

La semana pasada Iusacell y MVS interpusieron amparos en contra de las bases que dio a conocer la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) en noviembre de 2009 para dicha licitación, y a la cual se han inscrito 44 consorcios para los 70 MHz de la banda 1.9 GHz y 49 para la licitación de 90 MHz de la banda 1.7 GHz.

Esta última banda, cuyo valor comercial por megaherzt asciende a casi 32 millones de pesos, viene precedida por una polémica que se generó en el Congreso al aprobarse la exención del pago de derechos por dos años a quien gane la licitación de la 1.7 GHz. Este privilegio fiscal se calcula en 5 mil 600 millones de pesos y fue incluido en un transitorio del artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos, lo que provocó una agria disputa en el seno de las bancadas del PAN en la Cámara de Diputados y en el Senado (Proceso 1724).

No sólo las empresas participantes han impugnado las bases de la licitación de la banda 1.7 GHz. Ramiro Tovar Landa, catedrático del ITAM, el exsubsecretario de Comunicaciones y Transportes del sexenio pasado Jorge Álvarez Hoth, y hasta el propio comisionado de la Cofetel, José Luis Peralta, han señalado que la licitación de los 90 MHz de la banda 1.7 GHz excluye a varios competidores del mercado, especialmente a Iusacell y a Telcel, para beneficiar a Televisa y a Nextel, los próximos competidores en telefonía móvil.

Este argumento deriva de un candado previo que aprobó la Comisión Federal de Competencia (CFC): ninguno de los jugadores puede acumular más de 80 MHz en el espectro de esta banda de telefonía móvil.

Este límite perjudica a operadores ya existentes en el mercado de telefonía móvil, como Telcel, que tiene 76 millones de suscriptores y posee 55 MHz del espectro. Lo mismo ocurre con Iusacell-Unefon, que cuenta con 4 millones de abonados y 56 MHz del espectro. En cambio, el candado   beneficia a la empresa española Telefónica Móvil, que controla 30 MHz del espectro y puede aspirar hasta 50 MHz en la banda de 1.7GHz; a Nextel, que tiene 15 MHz y puede aspirar a 60 MHz en la banda de 1.7 GHz, igual que a Televisa, que no tiene abonados en telefonía móvil y puede aspirar a comprar hasta 80 MHz en la banda de 1.7 GHz.

Extracto del reportaje que se publica en la edición 1735 de la revista Proceso ya en circulación.