MÉXICO, D.F., 30 de enero (Proceso).- Errática, llena de contradicciones, la investigación en torno al atentado que sufrió el futbolista Salvador Cabañas el lunes 25 no sólo exhibe la incapacidad de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, sino el avasallamiento de los medios electrónicos, que convierten un tragedia en espectáculo mediático. En este caso, la corrupción de las autoridades y la incontinencia de los medios van de la mano.

El atentado contra Salvador Cabañas en el Bar-Bar la madrugada del lunes 25 mostró la falta de eficacia del gobierno de Marcelo Ebrard y su procurador, Miguel Mancera Espinosa, para controlar a los medios de comunicación, en particular las televisoras, y preservar el sigilo que la investigación judicial del caso debe guardar.

Desde ese día las oficinas centrales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), en la colonia Doctores y las de la agencia del Ministerio Público de la delegación Álvaro Obregón, así como las inmediaciones del antro donde ocurrió la agresión están vigiladas todo el tiempo por unidades móviles de transmisión y cámaras de televisión de Televisa y TV Azteca.

No pierden detalle de lo que sucede. Cualquier movimiento en las oficinas públicas o en el local moviliza a camarógrafos y reporteros en busca de la primicia.

Ante el acoso de los medios y las presiones de la embajada de Paraguay, que permanentemente pide información sobre el estado de salud del jugador de las Águilas, la procuraduría capitalina se limita a revelar los datos de la averiguación previa. Hasta la madrugada del sábado 30 no se había localizado a los presuntos responsables del atentado, aun cuando desde el principio se dijo que habían sido José Jorge Balderas Garza, alias el JJ, el autor material, y su escolta, a quien la autoridades identificaron como El Paco o El Contador.

La dependencia de Mancera Espinosa ha mostrado debilidad ante los propietarios del Bar-Bar, los hermanos Ramón y Simón Charaf, quienes rindieron su declaración hasta el viernes 29, cuatro días después de que Cabañas recibiera el balazo que lo mantiene postrado.

Además, la procuraduría no sólo se ha supeditado a los criterios noticiosos del consorcio de Emilio Azcárraga Jean, empecinado en insertar cortes informativos en sus programas de mayor raiting, sino que ha filtrado datos equívocos a varios diarios, como el del martes 26, cuando afirmó que El Paco era Eduardo García Alanís. Horas después se supo que García Alanís se encuentra preso en el reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

Las conferencias de prensa y entrevistas de los funcionarios de la dependencia también han resultado fallidas. Entre el lunes 25 y el martes 26, por ejemplo, el procurador Mancera concedió 60 entrevistas, según el director de Comunicación Social, René Hernández, mientras que el subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas, Luis Genaro Vázquez Rodríguez, asegura que la mayor parte de sus intervenciones han sido con representantes de medios extranjeros.

“Ante un tema que concentra la atención de los medios de comunicación, decidimos actuar con absoluta transparencia”, justifica Vázquez Rodríguez.

En los primeros dos días de investigaciones el hambre de los medios fue medianamente saciada con dos conferencias por día.

El lunes 25, luego de que personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la delegación Álvaro Obregón recibió la llamada de emergencia, alrededor de las 5:30 de la mañana, elementos de Seguridad Pública se dirigieron al Bar-Bar, pero empleados del antro se los impidieron.

Fue hasta las 10 de la mañana cuando agentes de la PGJDF ingresaron al local, una vez que el subprocurador Vázquez Rodríguez se comunicó con Ramón Charaf para pedirle su autorización. El empresario argumentó que los empleados no abrieron a los uniformados porque estaban “asustados”, y envió a un representante administrativo para abrir el negocio.

“Cuando ingresamos había un fuerte olor a cloro, lo que quiere decir que habían lavado el baño y las alfombras; no había una sola mancha hemática –afirma el funcionario–. El escenario estaba totalmente manipulado, totalmente contaminado, no había preservación de indicios”.

–¿Por qué no ingresaron por la fuerza para evitar que se borraran evidencias? –se le pregunta.

–Tratándose de delitos del fuero común, no puedo ingresar a una propiedad privada sin orden de cateo. Era más fácil pedirle a la empresa que nos permitieran entrar. Así pudimos localizar las cámaras y pedir que nos abrieran el cubículo donde se encontraban las cámaras.

Extracto del reportaje que se publica en la edición 1735 de la revista Proceso que está en circulación desde este sábado 30 de enero.