Impugna PGR sentencias contra implicados en caso Wallace

lunes, 4 de enero de 2010

MÉXICO, DF, 4 de enero (apro).- Por considerar que se aplicó una baja penalidad, la Procuraduría General de la República (PGR) impugnó esta tarde las sentencias impuestas a cuatro de los implicados en el secuestro y homicidio del empresario Hugo Alberto Wallace.

Por el contrario, los acusados César Freyre Morales y Juana Hilda González Lomelí, consideraron “excesivos” sus castigos y también apelaron sus condenas de 47 y 28 años de prisión.

Además, la fracción del Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados deploró la decisión del juez décimo sexto de procesos penales, Octavio Mejía, contra los plagiarios de Wallace.

Las inconformidades fueron presentadas ante el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en el Reclusorio Norte, que a más tardar mañana martes las turnará al tribunal que habrá de resolverlas.

En un comunicado, la PGR precisa que se inconformó con el fallo porque éste también ordena la devolución de 23 mil 800 pesos y un vehículo Ford, que estaban a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

El 24 de diciembre anterior, el juez Mejía Ojeda condenó a los hermanos Alberto y Antonio Castillo Cruz a 39 años con 9 meses de prisión y una multa de 4 mil 31 días de salario mínimo por los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.

A la mujer le impuso una pena de 28 años de prisión y una multa de 2 mil 295 días de salario mínimo, por delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, posesión de arma de fuego y de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Y al excomandante de la Policía Judicial de Morelos, César Freyre Morales o José Antonio Hernández Lozano, lo sentenció a 47 años, 3 meses de prisión y pagar una multa de 9 mil 212 días de salario mínimo, por delincuencia organizada, secuestro y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Por su parte el diputado federal del PRI e integrante de la Comisión de Justicia, Alfonso Navarrete Prida, dijo que la sentencia derivó de serias deficiencias en el proceso penal y en la forma de integrar la averiguación previa.

En entrevista, sostuvo que no se trata de un tema legal, sino de eficacia en las labores de investigación para el acopio de pruebas contra los secuestradores en el caso Wallace.

Y recordó que fue precisamente la madre de la víctima, la señora Isabel Miranda de Wallace, quien llevó a cabo toda la investigación del plagio de su hijo, debido a la omisión y ausencia de capacidades del órgano investigador.

Navarrete Prida también denunció que durante la primera mitad del actual gobierno se incrementó el número de personas que no terminan la educación básica, ya que pasó de 31 a 33 millones de personas, lo que se ve reflejado en mayor delincuencia.

Por esa razón instó al gobierno de Felipe Calderón a incrementar la eficiencia en el sistema educativo, pues en un trienio unos 3 millones de mexicanos se vieron impedidos de culminar su instrucción básica.

Advirtió que el gobierno federal debe tener la capacidad para vincular las estrategias de desarrollo urbano, educación y seguridad, con el combate a la delincuencia organizada.