Condicionan triquis su retorno a San Juan Copala

lunes, 11 de octubre de 2010

OAXACA, Oax., 11 de octubre (apro).- Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares para garantizar la vida e integridad física de 135 desplazados de San Juan Copala, los integrantes del plantón denominado “Autonomía y resistencia” advirtieron que retornarán a su comunidad sólo si son atrapados “tres o cuatro asesinos” del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).
    En su oficio MC-197-10, la CIDH –dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA)– solicitó al gobierno de México que en un plazo de 10 días presente un informe sobre la instrumentación de las medidas cautelares a favor de los triquis.
En tanto, Maurilio Santiago Reyes, del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, así como Minera Nora Martínez Lázaro, del Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco, exigieron el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a favor de 135 habitantes de San Juan Copala.
En conferencia de prensa, Reyna Martínez Flores, representante del plantón “Autonomía y resistencia”, que desde el pasado 11 de agosto se encuentra en el zócalo de Oaxaca, consideró que las medidas cautelares de la CIDH “son un paso más en el camino que ha emprendido el municipio autónomo de San Juan Copala para encausar penalmente al gobierno mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en general ante la justicia internacional”.
La activista recordó que luego de 10 meses “de un violento asedio a San Juan Copala por parte de grupos paramilitares, éstos finalmente tomaron el pueblo a sangre y fuego, quemaron más de 10 casas e iniciaron la demolición de las mismas, con un saldo a la fecha de un pueblo destruido, decenas de integrantes del municipio autónomo asesinados o heridos y cientos de desplazados”.
Martínez Flores hizo hincapié en que más de 60 familias resistieron en San Juan Copala el brutal estado de sitio durante los 290 días a que fue sometida la comunidad indígena por parte de grupos armados patrocinados por el gobernador Ulises Ruiz. En ese lapso, agregó, más de 300 mujeres, ancianos y niños, principalmente, fueron desplazados.
Todos, añadió, sueñan con retornar a su comunidad, pero les atemoriza que no haya ninguna seguridad de que efectivamente garanticen su vida e integridad física. De entrada, dijo, deben detener a cuatro o cinco “asesinos” del MULT y Ubisort, controlados por Heriberto Pazos Ortiz, Rufino Merino y Rufino Juárez.
    Por otra parte,  la CIDH dio a conocer que otorgó medidas cautelares para 135 indígenas triques afectados el viernes 7 de octubre. La Comisión hizo el anuncio 20 días después de que grupos de paramilitares desalojaran de forma violenta a habitantes de San Juan Copala.
    En el oficio MC-197-10, el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, solicitó al gobierno de Felipe Calderón que “adopte medias necesarias para garantizar la vida y la integridad física de 135 habitantes de San Juan Copala”, medidas que tendrá que concertar con los beneficiarios y sus representantes legales. Asimismo, que rinda un informe en un plazo de 15 días “sobre el cumplimiento con las medidas cautelares adoptadas”, mismo que tendrá que actualizarte periódicamente.
    La intervención de la CIDH ocurre después de once meses de que grupos de paramilitares de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y del Movimiento por la Unificación y la Lucha Triqui (MULT) tendieron un cerco sobre habitantes de San Juan Copala que se declararon autónomos; y a seis meses de que fueran asesinados los activistas Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola, internacionalista finlandés.
    En conferencia de prensa en la Ciudad de México, Marcos Albino Ortiz, representante del autodenominado municipio autónomo, resaltó que el pronunciamiento de la CIDH es un “reconocimiento de la violencia y discriminación contra el pueblo triqui, que no ha sido atendida por los gobiernos federal y estatal”.
David Peña, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y representante legal del “municipio autónomo”, resaltó que le corresponde a los gobiernos federal y estatal atender las medidas cautelares ordenadas por la CIDH,  y que “tienen que contemplar garantías de seguridad y desarrollo para los triquis desplazados”.
Peña reconoció que desde hace meses ha habido contacto con el gobierno federal y estatal, así como con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para atender la “crisis humanitaria” por la que atraviesan indígenas triquis atrapados en el cerco tendido por paramilitares.
“La experiencia que hemos tenido es que el gobierno de Ulises Ruiz, que ya va de salida, no sólo no atendió las demandas de justicia y de dar garantías a los indígenas, sino que su gobierno es promotor de los grupos paramilitares, por lo que hay una verdadera preocupación por la forma en que se van a implementar las medidas cautelares”, apuntó el abogado.
Para David Peña, la respuesta a las medidas “no puede ser la militarización de la región triqui, sino que tiene que empezar por un proceso de justicia en una zona donde ha habido muchos agravios y en la que la impunidad es la regla”.
Resaltó que hasta ahora, los crímenes de Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola siguen sin esclarecerse, a pesar de que fueron atraidos por la Procuraduría General de la República (PGR).
El abogado convocó a la Secretaría de Gobernación (Segob) a analizar junto con los representantes del “municipio autónomo” las medidas de protección que se brindarán a los 135 indígenas, las cuales “tendrán que ser extensivas para el resto de los habitantes, sobre todo en temas que tienen que ver con caminos, salud, educación y seguridad”.
La solicitud de intervención de la CIDH fue presentada el 22 de septiembre por el Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco, por el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, por el propio Municipio Autónomo de San Juan Copala, el Foro Permanente por la Comisión de la Verdad y la ANAD.

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