MÉRIDA, Yuc., 11 de octubre (apro).- Organizaciones civiles denunciaron hoy ante la relatora para la independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas, Gabriela Knaul, los retos que encaran mujeres, indígenas, jóvenes y homosexuales para acceder a la justicia en la entidad.
En un reporte que entregaron a la relatora de ONU, las ONG también denunciaron casos de violación a derechos humanos, “criminalización de la protesta social” y la “ineficiente actuación” del ombudsman estatal.
Los casos, apuntaron las agrupaciones Indignación y Oasis de San Juan de Dios “ponen en entredicho la procuración y administración de justicia en Yucatán y exhiben la impunidad persistente”.
El documento incluye la preocupación por las condiciones inhumanas prevalecientes en cárceles y diversos centros de detención, y exhibe casos como el de Roberth Tzab, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en los separos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), con sede en Tekax, dos días después de su detención.
Ese hecho, apuntaron las ONG, “compromete seriamente a los agentes que participaron en su detención, a los responsables de su custodia y al mismo procurador que, hasta el momento, no ha señalado a ningún responsable”.
Así mismo, se planteó la dificultad de las mujeres para acceder a la justicia y los incumplimientos del Instituto para la Equidad de Género de Yucatán (IEGY). De igual manera, se denunció la discriminación “que enfrenta el pueblo maya cuando se enfrenta a los órganos de justicia estatales”.
El informe aborda, entre otros casos, la situación de las comisarías, poblaciones mayas “cuyas autoridades más próximas son desdeñadas en la misma ley, al considerárseles auxiliares del ayuntamiento y carecer de facultades”.
Argumentan que los recientes comicios llevados a cabo en las comisarías exhiben esa y otras realidades de estos pueblos mayas, que implican discriminación y ausencia de reconocimiento de sus derechos, como la nula participación de los pueblos en la organización del proceso electoral y el que sea el propio alcalde, un poder ejecutivo, quien las organice.
En el capítulo referente a mujeres y justicia, el informe relata el caso de “MAR”, una mujer que desde su infancia fue agredida sexual y físicamente por su padrastro, con quien procreó una hija a los once años y que, al igual que su mamá, fue explotada sexualmente por el mismo padrastro desde los 16 años.
“Hace diez años la mamá de MAR intentó denunciar, sin éxito. Hace algunos meses, Indignación acompañó la denuncia después de que un abogado del IEGY consideró que todos los delitos habían prescrito”.
A la relatora de ONU también se le informó de que el Tribunal Superior de Justicia recientemente absolvió al padrastro del delito de violación.
Y aunque sigue el proceso por lenocinio, éste no es considerado grave. Como medida cautelar, la fiscalía ha solicitado que no se le fije fianza.
En el capítulo sobre la impunidad que prevalece en Yucatán, las ONG expusieron el caso de los jóvenes detenidos ilegalmente mediante una razzia en el marco de las protestas contra el entonces presidente estadunidense George Bush, en 2007.
Ese caso exhibe “la impunidad que premia a violadores de derechos humanos al mantenerlos en el cargo, como es el caso del director de la policía de Mérida, ratificado por el anterior y el actual ayuntamiento, a pesar de haber sido señalado como responsable del operativo y de la actuación de la policía que agredió a los jóvenes”.
También se expuso a la relatora la actuación de la juez que increpó a los jóvenes por su participación en las protestas y que exhibió prejuicios que marcaron su proceder en contra de los detenidos.
Además, se presentó el caso del despojo de tierras al Oasis de San Juan de Dios, organización que alberga y protege los derechos de personas seropositivas.
El informe da cuenta de las reformas regresivas realizadas a la Constitución por la anterior Legislatura, que implican discriminación contra mujeres y homosexuales.

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