Avala el Senado virtual privatización de obras y servicios públicos

martes, 12 de octubre de 2010

MÉXICO, D.F., 12 de octubre (apro).- En menos de diez minutos y sin discusión alguna, el Senado aprobó hoy la Ley de Asociaciones Públicas Privadas que autoriza a los sectores oficial y privado asociarse para la prestación de servicios reservados hasta ahora a los gobiernos federal, estatal y municipal, entre ellos la construucción de infraestructura urbana, así como servicios hospitalarios, educativos, científicos y penitenciarios.
Con 85 votos a favor y sólo 8 en contra, la polémica iniciativa, enviada por el Ejecutivo federal y que mereció una intensa discusión en las comisiones de Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y de Estudios Legislativos, fue aprobada sin que se aceptara la moción suspensiva, planteada por el senador por Zacatecas, Ricardo Monreal, del PT.
En su intervención, Monreal afirmó que se trata de la “ley más agresiva sobre privatización de que tengamos memoria alguna”, porque “observamos una profundización en el modelo económico que obsecadamente se ha venido aplicando en los últimos 30 años”.
El exgobernador de Zacatecas propuso discutir 29 de los artículos que contiene esta iniciativa, ya que, a su juicio, violan los artículos 28 y 105 de la Constitución, entre otros. Sin embargo, el pleno desechó la moción planteada por Monreal.
“El Estado pasará a ser gestor y administrador de contratos” para el sector privado; y ello representa una “camisa de fuerza” para futuras administraciones federales, advirtió el coordinador del PT en el Senado.
El senador por Sinaloa, Francisco Labastida Ochoa, del PRI, quien se opuso desde abril a esta ley por considerarla “una de las más desmanteladoras” del sector paraestatal, justificó su voto a favor. Dijo que se lograron “cambios sustanciales”, al prohibir que dichos contratos se firmaran en el área de hidrocarburos y se eliminaran las figuras de los fideicomisos.
“Logramos más de 20 cambios de fondo. En la iniciativa original había opacidad. Había mucha discrecionalidad en el mecanismo de expropiación. Le quitamos lo discrecional y más privatizador”, afirmó en entrevista con Apro.
Sin embargo, Labastida Ochoa admitió que sólo pudieron avanzar en el 80% de sus observaciones; y agregó que el 20% restante tendrá que discutirse en la Cámara de Diputados, donde se revisará la minuta.
El excandidato presidencial priista y exsecretario de Energía reconoció que no existe, en la ley aprobada, ningún candado a favor de la competencia y que impida que una sola compañía o desarrollador acapare las licitaciones.
Consideró que la iniciativa es el resultado de tres causas: el sesgo ideológico que cree que el sector privado es más eficiente que el público, “y ya vimos que no es así”; que pueda formar parte del “capitalismo de cuates” que se quiere ejercer en el gobierno actual, asignando de “manera sospechosa” muchos servicios; y el exceso de burocracia que existe en las normas del servicio público.

La Iniciativa
El dictamen aprobado consta de 142 artículos, divididos en 12 capítulos. Según el texto, los esquemas de asociación público-privada “pretenden satisfacer las necesidades colectivas con la participación conjunta del sector público y el sector privado, procurando una transferencia equitativa de riesgos entre uno y otro”.
El sector privado “se convierte en un proveedor de servicios” de la administración pública federal, “con la obligación indirecta de construir la infraestructura necesaria para la prestación de tales servicios”.
“La novedad de este enfoque es que el Estado celebrará un contrato para recibir del sector privado la prestación de un servicio y no la adquisición de activos fijos”, se presume en el dictamen.
La única prohibición expresa establecida en el dictamen es la participación de este esquema “tratándose de hidrocarburos”, así como de “actividades sustantivas de carácter productivo ni en las de petroquímica distinta a la básica”.
Sobre la duración de los contratos, incluidas, sus prórrogas, se considera como máximo 40 años. La iniciativa original planteaba 50 años, con posibilidades de refrendos automáticos.
En el capítulo de ejecución de proyectos, la sociedad desarrolladora se hace responsable “de aportar los recursos necesarios para la ejecución de obras de infraestructura.
En relación con las concesiones de carreteras otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se prevé la ampliación del plazo en cualquier tiempo durante su vigencia.
También se permite aplicar proyectos de investigación e innovación tecnológica para orientarlo al aprovechamiento de oportunidades que contribuyan al desarrollo económico de las regiones, entidades federativas y de los municipios.
Por una propuesta de la Mesa Directiva, se eliminó la figura de los “fideicomisos” que se establecía en los artículos 12, 41 y 45 de la dicha ley.
La iniciativa modifica las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púbico; la de Expropiación; la General de Bienes Nacionales, y el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Para el senador Monreal, a través de esta ley “se entregará al sector privado todos los bienes de la nación”.
“Es una renuncia del gobierno a seguir prestando los servicios y fines que tiene encomendados constitucionalmente. Si de por sí la corrupción avasalla las licitaciones públicas, imagínense lo que sucederá si se deja el otorgamiento de forma discrecional”, afirmó en tribuna.