MONTERREY, NL, 12 de octubre (apro).- Organismos de la sociedad civil solicitaron a la procuraduría general de Justicia de esta entidad (PGJE) que indague el paradero de tres menores que se encontraban bajo custodia del albergue Centro de Adaptación e Integración Familiar (Caifac), vinculado a Casitas del Sur.
Los menores, dijeron, desaparecieron a finales del 2008 y sus nombres forman parte de la lista de 14 menores por los que la Procuraduría General de la República (PGR) ofrece 15 millones por su recuperación.
En conferencia de prensa, las activistas Liz Sánchez Reyna, de Alternativas Pacíficas (Cadhac), y la hermana Consuelo Morales Elizondo, de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, consideraron insuficientes los 120 mil pesos de recompensa que ofreció el gobierno de Nuevo León por los niños que fueron plagiados por los directivos del Caifac.
Adriana Guadalupe y Julio César Castañeda Bernal, de 15 y 12 años respectivamente, así como su prima Diana Lizeth Bernal Hernández, de 12, fueron vistos por última vez el 18 de diciembre del 2008.
Desde entonces, Cadhac y Alternativas han pedido a la PGJE que se avoque a encontrar a los menores que, según las activistas, pueden haber sido víctimas de trata de personas, tráfico de órganos y diferentes variantes de explotación, o hasta pueden encontrarse ya muertos.
Por esa razón, la PGJE  abrió una averiguación previa y giró orden de aprehensión en contra de Sergio Canavati y Patricia Murguía, directivos de Caifac, los que se supone saben en dónde se encuentran los menores regiomontanos desaparecidos.
Sánchez Reyna consideró positiva la recompensa ofrecida por la PGR el 8 de octubre pasado, pero aún falta que haga su parte la administración del gobernador Rodrigo Medina de la Cruz.
“Por un lado es buena la recompensa de la PGR, pero por otro lado seguimos preocupadas por la inacción del gobierno de Nuevo León, que sigue sin ejecutar la orden de aprehensión contra Patricia Murguía; siguen sin ser sancionadas las irregularidades que se han observado durante el proceso, lo que nos sigue generando elementos para pensar que hay complicidad”, acusó.
La representante de Alternativas dijo desconocer a quién busca proteger la Procuraduría de Nuevo León, sin embargo, consideró extraño que se haya demorado la acción de la justicia en contra de los directivos del albergue radicado en Monterrey.
Morales Elizondo señaló que los organismos no gubernamentales (ONG) interesados en el caso ya agotaron todas las instancias locales para pedir que los niños sean encontrado y el resultado ha sido nulo.
Además, hizo un llamado a “las autoridades locales para que verdaderamente hagan a un lado los intereses particulares y, al igual que el gobierno federal, muestra voluntad política para encontrar a los tres pequeños. La recompensa que Nuevo león había dado era de 120 mil pesos, lo cual demuestra un desinterés, un no valor de la vida de los niños, frente a los 15 millones que da la PGR”, dijo.
Aparte de los tres niños de Monterrey, las autoridades federales buscan a los menores Ilse Michel Curiel Martínez, Sergio Iván Cuadrilla Trejo, Jorge Cuadrilla Trejo, Bryan Cuadrilla Trejo, Asael Israel Juárez Ojeda, Natanael Isaí Juárez Ojeda y Hefziba Magdalena Juárez Ojeda.
También a Jesús Alejandro Espinosa Sánchez, Frida Jardines Paniagua, Ámbar Abigaíl Bretón Blanco y David Rangel García.
La PGR ofrece también una recompensa de 5 millones de pesos a quienes den información sobre el paradero de Clementina Juárez Pérez, Éder Omar Dueñas Castro y Gerardo Tejada Martínez, responsables de las desapariciones de los niños de Cancún y del Distrito Federal.
Este grupo, junto con Canavati y Murguía, integraba la Iglesia Cristiana Restaurada, conocida como Los Perfectos, que en días pasados perdió su registro como asociación de culto ante la Secretaría de Gobernación (Segob).