El michoacanazo no sólo representa el rotundo fracaso del operativo emprendido por Calderón, sino que ilustra el “ejercicio absoluto pero equivocado del poder” y obliga a pedir cuentas a quienes protagonizaron este fiasco de la procuración y administración de justicia, que comenzó con “el uso y abuso político del Ministerio Público”. Tal es la evaluación que, en entrevista con Proceso, hace el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hoy legislador Juventino Castro y Castro, quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

MÉXICO, D.F., 2 de octubre (Proceso).- El fracaso del llamado michoacanazo es la muestra más acabada del ejercicio absoluto pero equivocado del poder, de la grave crisis del Ministerio Público en México con la tolerancia del Congreso y de la necesidad de que el Poder Judicial revise la actuación de sus jueces.

Es un fracaso por donde se le quiera ver, asegura el diputado federal y ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juventino V. Castro y Castro.

Legislador por el PRD, con una vida de servidor público de 62 años en los que ha ocupado posiciones relevantes en los tres Poderes del Estado, Castro y Castro no duda en considerar como un fiasco lo que resultó del operativo policiaco-militar ordenado por el presidente Felipe Calderón en Michoacán en mayo de 2009, como parte de lo que entonces llamaba “guerra contra el narcotráfico”.

 La liberación de 35 de los 36 exfuncionarios detenidos durante y después del operativo, en el que participaron el Ejército y la Policía Federal, obliga no sólo a revisar la actuación del Ministerio Público Federal y del Poder Judicial, sino a pedir cuentas por estos hechos y por cuanto está pasando en el país. “Alguien debe ser responsable”, dice.

Para empezar, señala que, “por dignidad”, debería renunciar el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez. Es cierto que el anterior procurador (Eduardo Medina Mora, ahora embajador de México en Londres) hizo las consignaciones, pero el actual “llegó sin ánimo de corregir; al contrario”.

En el caso del Poder Judicial, asegura que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) –que encabeza el presidente de la Suprema Corte y se encarga de administrar y vigilar a los jueces y magistrados de los tribunales federales del país– puede iniciar una investigación contra los jueces que concedieron las órdenes de aprehensión.