Fuerzas Armadas; impunidad garantizada

sábado, 2 de octubre de 2010

El gobierno de Estados Unidos decidió liberar este año 36 millones de dólares para la Iniciativa Mérida (condicionados al abatimiento de la impunidad del Ejército) aunque mantiene congelados otros 26 para el próximo año, pese a que un informe elaborado por el Departamento de Estado documenta las numerosas violaciones a los derechos humanos que cometen las fuerzas armadas en la guerra contra el narcotráfico, la mayoría de las cuales permanecen sin castigo.

 

WASHINGTON, 2 de octubre (Proceso).- En la lucha desatada por Felipe Calderón contra el narcotráfico el Ejercito Mexicano presuntamente ha cometido más de 2 mil 500 violaciones a los derechos humanos; de ellas solamente 40 son atendidas actualmente por los tribunales militares, según un informe del gobierno de Estados Unidos.

El reporte del Departamento de Estado –que se entregó al Congreso estadunidense– indica que los casos sometidos a cortes marciales son de soldados que asesinaron, violaron o torturaron y lo hicieron cuando estaban ebrios o drogados.

“De acuerdo con los datos más recientes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) actualmente 40 soldados se encuentran bajo proceso en tribunales militares por denuncias de violaciones a los derechos humanos que han tenido lugar durante el gobierno de Calderón”, destaca el documento titulado Reporte México-Iniciativa Mérida.

“Los casos bajo investigación no están disponibles para el público por determinación de las leyes mexicanas”, advierte el reporte, cuya elaboración y envío al Congreso se hizo para notificarle que “se liberaban” 36 millones de dólares para la Iniciativa Mérida, como parte del apoyo de Estados Unidos a la guerra contra el narcotráfico.

Para “liberar” el dinero el informe sostiene que, pese a las constantes denuncias de ciudadanos mexicanos, las fuerzas armadas están mejorando su labor para garantizar la defensa de los derechos humanos (Proceso 1767).

En el documento –del que este semanario tiene una copia– el Departamento de Estado notifica al Congreso, por ejemplo, que 15 soldados y cuatro oficiales mexicanos están siendo procesados judicialmente ante un tribunal militar “por violencia” que resultó en “un homicidio” durante un “incidente” que tuvo lugar el 1 de junio de 2007 en Sinaloa de Leyva.

“Un destacamento de solados que estaba apostado al lado de un camino en Sinaloa de Leyva, en el estado de Sinaloa, y que fueron reportados que se encontraban en estado de ebriedad y drogados, abrieron fuego contra una camioneta que transportaba a tres adultos y cinco niños matando en el acto a una mujer y a una niña de tres años”, destaca el reporte.