TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 20 de octubre (apro).- El coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones afirmó hoy que la iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar no debe ser tomada por las Fuerzas Armadas como un agravio, y dijo que lo que se busca es poner ciertos límites a sus acciones para evitar violaciones a los derechos humanos.
            En la iniciativa enviada ayer al Senado por el presidente Felipe Calderón, precisó, se da cumplimiento a resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH), en el sentido de que, cuando los miembros de las Fuerzas Armadas cometan violaciones a los derechos humanos, sean puestos a disposición de la justicia civil y no de la militar, como ha ocurrido hasta ahora.
            Beltrones dijo que sacar al Ejército de sus cuarteles fue una decisión del presidente Calderón ante una “emergencia” para auxiliar a las policías en el combate al crimen organizado. “Sin embargo, recordemos que el Ejército está adiestrado para otras tareas, que no son propiamente la lucha contra el narcotráfico”, añadió.
            “El Ejército está haciendo un sacrificio porque esa no es su tarea. Debe tener garantías para combatir a la delincuencia que en ocasiones está mejor armada o mejor pagada que los propios militares, pero el Ejército y la Armada deben evitar violar los derechos humanos”, indicó.
            Explicó que hay resoluciones de la CIDH que señalan que los elementos de las Fuerzas Armadas, tratándose de violaciones graves a los derechos humanos, como en los casos de tortura o secuestro, no deben ser juzgados por la justicia militar, sino por la civil.
            “Es importante destacar que, si bien por un lado estamos dando garantías a las Fuerzas Armadas en su lucha contra el crimen organizado, por el otro deberán, en caso de violaciones a la legalidad, ser sometidos a los juicios civiles como cualquier otro mexicano, como cualquier integrante de una policía”, dijo.
          “Esta iniciativa, que llego ayer al Senado, la vamos a analizar con mucho cuidado”, indicó, y dijo: “El combate al crimen organizado debe combatirse con las reglas del Estado mexicano; esta no es la ley de la selva… Con esta iniciativa vamos a responder a la inquietud de muchas organizaciones civiles”.
            
Ong´s cuestionan la iniciativa

En tanto, en un comunicado conjunto, organizaciones no gubernamentales afirmaron que la iniciativa de Calderón “mantiene inalterables las condiciones que favorecen la impunidad en los casos de abusos militares”, y señalaron que “el Estado mexicano no satisface las exigencias derivadas de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluidas las sentencias de la CIDH”.
            “La iniciativa de reformas relativas a la procuración e impartición de justicia militar enviada ayer al Senado por Felipe Calderón, mantiene sin alteración las condiciones que favorecen la impunidad en los abusos cometidos por personal castrense contra la población civil. Las modificaciones propuestas no satisfacen plenamente la necesidad de armonizar la legislación interna con los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos.”, dice el documento.
            Añadieron que en la iniciativa no existe la intención de establecer controles civiles sobre las Fuerzas Armadas.
             “Entre estos controles figura la reducción de la jurisdicción militar a los asuntos estrictamente relacionados con la disciplina militar. En la iniciativa, la modificación al artículo 57 del Código de Justicia Militar tiene un carácter taxativo que deja un amplio margen para la impunidad. Ninguna razón justifica que las instancias militares extiendan su jurisdicción sobre delitos cuyo carácter no corresponde estrictamente a la disciplina castrense”, indicaron.
             Señalaron que “la exclusión de tres delitos —desaparición forzada, violación y tortura—, cuya investigación sigue en manos de los militares, la posibilidad de su reclasificación para no ser tratados por el fuero civil, así como la manipulación de los hechos, genera más incertidumbre que certezas y lesiona de manera grave los derechos de las víctimas”.
          “La única posibilidad para terminar con la impunidad en estos casos sería dejar fuera de la jurisdicción militar todos los delitos cometidos por miembros del Ejército contra la población civil”, afirmaron.
           El documento está firmado por organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas; el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDHFFV); el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan de Guerrero, entre otros.