MÉXICO, D.F., 21 de octubre (apro).- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, admitió ayer la controversia constitucional promovida por el Congreso de la Unión en contra del decreto presidencial para adelantar seis años –de 2021 al 2015— la transición de la televisión analógica a la digital, y ordenó suspender todas las acciones planteadas en el proyecto.
    El pasado 2 de septiembre, el presidente Calderón firmó el decreto para “concretar la transición de la televisión digital terrestre”, mediante el cual se adelantaría seis años el “apagón” programado para el 31 de diciembre de 2021. Para cumplir con la meta, en el decreto se ordena la creación de la Comisión Intersecretarial para la Transición.
    Sin embargo, en su resolución, la ministra Sánchez Cordero determinó conceder la medida cautelar para evitar que se concreten los actos que los legisladores consideran inconstitucionales y que serán analizados durante el juicio.
    El Ejecutivo federal tiene un plazo de 10 días para presentar los alegatos a su favor que considere pertinentes.
    De acuerdo con la resolución de la ministra, la suspensión de las medidas contempladas en el decreto para la digitalización no afectan  la seguridad ni la economía del país, ya que no se trastocan las condiciones en que operan tanto los concesionarios como los permisionarios de los medios de comunicación.
    La salvaguarda del interés nacional, subrayó, está garantizada, en la medida que podrá seguir teniendo acceso a las señales que emitan los concesionarios y permisionarios de televisión, en la modalidad analógica, hasta en tanto se resuelva el fondo de las demandas.
    Finalmente, señaló que de negarse la medida cautelar, en principio se prejuzgaría sobre la constitucionalidad del decreto impugnado, lo cual constituye la materia de fondo del asunto y, eventualmente, se impediría que la resolución que dirima el fondo de este asunto pudiera producir todos sus efectos, máxime que en estos procedimientos juicios las sentencias no tienen efectos retroactivos.
    A juicio de los legisladores, el presidente Calderón se atribuyó facultades que le competen a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).