MÉXICO, D.F., 22 de octubre (Proceso).- Interesada en dar a conocer las numerosas posibilidades de acción y defensa ciudadana que aporta la vinculación entre los derechos humanos y los derechos culturales, la fotógrafa Grisel Vistraín, presidenta de la Sociedad de Autores de Obras Visuales (SAOV), organizó el pasado martes 12 de octubre el Primer Coloquio sobre Derechos Culturales en México.

Apoyado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el evento, realizado en la sede de esta institución, congregó a especialistas provenientes del sector privado y gubernamental. Entre ellos, el prestigiado abogado especializado en derechos de autor Gabriel Larrea; el economista y especialista en el análisis y medición de las actividades basadas en la creatividad y la cultura Ernesto Piedras; la presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Kenia López; y el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial de la Procuraduría General de la República (PGR), Francisco Trejo Antonio.

Sobresaliente por la acertada selección de temas, el coloquio abordó la identidad de los derechos culturales como una categoría de los derechos humanos; distintas problemáticas relacionadas con los derechos y delitos autorales –desde perspectivas legales, tecnológicas y relacionadas con la diversidad creativa de autores pertenecientes a comunidades originales de México–; y el acceso a la cultura como un derecho humano. 

Debido a la carencia de políticas y servicios culturales gubernamentales que incidan de manera eficaz y eficiente en el acceso plural a la cultura, este último tema me parece especialmente relevante, ya que al vincularlo con los derechos humanos se abre una posibilidad para atender las inconformidades, necesidades y exigencias ciudadanas. Como señala Vistraín, la reticencia que tienen los creadores de presentar denuncias contra el desempeño de funcionarios por el temor de ser excluidos de los beneficios gubernamentales, podría, posiblemente, inscribirse en un acto de violación a algún derecho humano.

En el rubro del acceso a la cultura, una participación contundente y realista fue la de Francisco Cisneros, representante del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadis). Con base en que las instituciones culturales, en nuestro país, no cuentan ni con la suficiente infraestructura física ni con proyectos especializados en atender a los ciudadanos en condiciones de vida diferente, la accesibilidad cultural es limitada o inexistente. Acertado en sus comentarios, Cisneros señaló que la discapacidad no se encuentra en los ciudadanos, sino en el subsector cultural. 

Y por último, quiero comentar mi participación, la cual se basó en la afirmación de que, mientras no se cuenten con servicios culturales profesionales y constantemente evaluados, no se podrá ejercer el derecho del acceso a la cultura. Consciente de que los funcionarios gubernamentales no tienen la capacidad para servir eficientemente a los ciudadanos, propuse la creación de un órgano independiente que observe e informe a la ciudadanía sobre la gestión gubernamental de la cultura.

Entusiasmado por las prospectivas de este primer coloquio, Piedras propuso que se programe de inmediato la fecha para el próximo en 2011.