MEXICO, DF, 26 de octubre (apro).- Las enormes ganancias producidas por el narcotráfico y el “alto nivel de corrupción” en México ascienden a cerca de 5% del producto interno bruto (PIB), es decir, unos 49 mil 342 millones de dólares anuales, de los que el gobierno federal sólo ha incautado, entre enero de 2007 y julio pasado, unos 233 millones de dólares, menos de 1% de sus ingresos.
Así lo establece la iniciativa para combatir el lavado de dinero y el “financiamiento al terrorismo” presentada por el senador panista Santiago Creel, quien especificó que su propuesta va más allá de la presentada por el presidente Felipe Calderón, a finales de agosto pasado.
El texto, publicado este martes en la Gaceta del Senado, advierte que esta iniciativa incorpora a nuevos sujetos como son las asociaciones religiosas, partidos políticos, candidatos a puestos de elección popular, así como a instituciones de asistencia pública y privada, que no estaban consideradas en la iniciativa del Ejecutivo federal.
También suma a las personas dedicadas a “la comercialización de materia prima, precursores químicos y equipos de laboratorio para la industria farmacéutica; recintos fiscales y agentes aduanales”, así como agrupaciones gremiales, sindicales o centrales obreras o campesinas.
En conferencia de prensa, Creel explicó que se crea una nueva figura denominada “personas políticamente expuestas” para investigar a los legisladores, locales o federales, que pudieran estar involucrados en ese delito.
Se crea también un Comité Técnico Interinstitucional, encabezado por el área de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, y representantes de Gobernación, Seguridad Pública, Procuraduría General de la República y Banco de México.
La iniciativa establece que este comité “tendrá la facultad de definir por medio de disposiciones de carácter general las operaciones que deban ser reportadas”.
A diferencia de las iniciativas presentadas por senadores del PRD y por el Ejecutivo federal, en la de Creel se amplían los márgenes de la autoridad para fiscalizar lo que vaya imperando en los mercados y en las innovaciones criminales.
La iniciativa del exsecretario de Gobernación, al parecer apoyada por senadores de su partido, de PRI y PRD, incorpora a los notarios y corredores públicos como sujetos obligados no financieros.
Además, se incorpora un capítulo específico para garantizar el tratamiento adecuado a la información de los particulares y de los sujetos obligados, en las etapas de conocimiento, identificación, reporte, procesamiento, análisis e intercambio de la información.