OAXACA, Oax., 26  de octubre (apro).- Los centros de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco” y “Asesoría a Pueblos Indígenas”, solicitaron la intervención de la Corte Interamericana (CoIDH) ante la “inoperabilidad” del gobierno mexicano en la implementación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de 135 indígenas triquis de San Juan Copala.
           A pesar de que ya transcurrieron 20 días de que la CIDH notificó al gobierno de México sobre las medidas cautelares, la directora de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Omeheira López Reyna, no ha convocado a una reunión.
            Los activistas Minerva Nora Martínez Lázaro y Maurilio Santiago Reyes, de ambos centros de derechos humanos, convocaron a la funcionaria a reunirse en esta ciudad, debido a la imposibilidad de los beneficiarios a viajar a la ciudad de México. Sin embargo, hasta ahora no ha habido respuesta.
           Recordaron que, el pasado 7 de octubre, el gobierno mexicano fue notificado por la CIDH sobre las medidas cautelares otorgadas a 135 habitantes del municipio autónomo de San Juan Copala.
           Posteriormente, el  18 de octubre, la CIDH remitió solicitud de información al Estado sobre la situación de los heridos en los hechos ocurridos el 16 de octubre.
           Por ello solicitaron a la CIDH que pida urgentemente medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica.
            Mencionaron que la petición la realizaron con fundamento en el artículo 63.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 27 del Reglamento de la Corte Interamericana.
          Explicaron que “las medidas provisionales” constituyen una medida de protección en casos de extrema gravedad y urgencia, cuando se hace necesario evitar daños irreparables a las personas, siendo la Corte Interamericana competente para otorgarlas.
           Afirmaron que “México tiene un precedente de once medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana en los últimos 11 años”.
          Demandaron el respeto del gobierno mexicano a los derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos en el caso de los 135 beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH.