MÉXICO, D.F., 28 de octubre (apro).- El relator especial de la ONU para el derecho a la salud, Anand Grover, señaló que desde un enfoque de seguridad pública, México es el país que mejor ejemplifica que la criminalización y el combate a las drogas no ofrece ningún beneficio para la sociedad y, contrario a ello, deja altos costos humanos.

De acuerdo con Grover, para controlar la violencia, la corrupción y las violaciones a derechos humanos que se derivan del narcotráfico, la estrategia que deben seguir los gobiernos es la legalización del uso de la mariguana.

 “No será fácil convencer a la opinión pública de los beneficios de la legalización de la mariguana en el mundo, pero es un tema que debemos promover. El costo de no hacerlo es altísimo en términos de vidas humanas”, dijo.

En entrevista, el funcionario señaló que la posible despenalización del uso de la mariguana en California representa “un paso en el camino correcto”, pues “las únicas personas que se benefician con la prohibición son los criminales”.

De acuerdo con el abogado, la prohibición de la mariguana se basa en criterios muy discutibles, que no tienen base en ninguna evidencia sólida sobre sus perjuicios.

Y preguntó: “¿Qué pasa con el uso del alcohol y del tabaco en las sociedades contemporáneas? ¿Por qué sí son legales, pese al daño que hacen? No hay lógica”, respondió.

El experto indicó que en Portugal se ha despenalizado exitosamente el uso de la mariguana, lo que no ha implicado un aumento en las tasas de criminalidad ni tampoco en el consumo de esta sustancia.

“La criminalización no deja ningún beneficio para la sociedad. Y cuesta mucho en términos de vidas humanas, derechos humanos y corrupción en el gobierno”, puntualizó.

Entre las agencias de la Organización de las Naciones Unidas, Grover es de los que aboga por un enfoque que dé prioridad en las estrategias de control de estupefacientes al respeto a los derechos humanos y al acceso a servicios de salud.

No obstante, la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Crimen (ONUDC) ha manifestado que el tráfico de drogas debe ser perseguido y debe reforzarse el cumplimiento de las leyes contra este ilícito.