MÉXICO, D.F., 4 de octubre (apro).- La mitad de los 34 exservidores públicos michoacanos excarcelados responsabilizaron este lunes a las autoridades federales de cualquier agresión en su contra y de sus familiares, y exigieron poner un alto “al linchamiento público y mediático” del que han sido objeto.
Además, solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) su intervención para que exija el cumplimiento de la recomendación 72/2009, del 30 de octubre de 2009, por “la violación de nuestros derechos fundamentales”.
    En conferencia de prensa, el exalcalde de La Huacana y profesor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Mario Romero Tinoco, dio lectura a un documento en el que emitieron su postura respecto de su situación, luego de las impugnaciones presentadas por la Procuraduría General de la República (PGR), en un intento de revertir la decisión del juez de liberarlos.
En el posicionamiento de siete puntos, Romero Tinoco responsabilizó al gobierno federal “de cualquier agresión física o moral y de la integridad de nuestros familiares". Además, demandó que se les trate como cualquier ciudadano, y exigió un nuevo procedimiento “por las amenazas e intimidaciones de que estamos siendo víctimas”.
Luego añadió: “¡Ya fuimos detenidos, vejados, torturados, procesados y liberados, déjenos vivir en paz!”.
El exalcalde de La Huacana agregó que la PGR “ha intentado justificar su fallida actuación en el michoacanazo al anunciar la presentación de una queja contra el juez de distrito del estado ante el Consejo de la Judicatura Federal, después de más de seis meses que resolvió la primera liberación, aun cuando han sido varios jueces y tribunales quienes han ordenado nuestra libertad".
El 30 de septiembre, apuntó, “el presidente de la República declaró, en entrevistas a diversos medios de comunicación, su inconformidad ante resoluciones de los jueces”, lo que representa, dijo, una nueva embestida del gobierno federal contra los exservidores públicos víctimas del "michoacanazo".
Los acusados de pertenecer a La Familia Michoacana también pidieron que "se ponga un alto al linchamiento público y mediático del que hemos sido objeto" durante los últimos 16 meses.
"Sólo pedimos ser tratados como cualquier ciudadano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos", agregaron.
En los otros puntos, los afectados aseguran haber cumplido con utilizar los instrumentos legales para demostrar su inocencia, y confiaron en el Poder Judicial de la Federación, "único facultado constitucional y legalmente para juzgar nuestra inocencia o culpabilidad".
Asimismo, agradecieron la intervención de las comisiones especiales del Congreso de la Unión y del Congreso del estado por el seguimiento dado al caso. Y finalmente pidieron a la sociedad civil "para que se pronuncie por un México en donde impere el estado de derecho y el respeto a la división de poderes".
El pasado 28 de septiembre, salieron libres cinco implicados más  quedando sólo uno en prisión del total de arrestados.
    Un juez de distrito en materia penal determinó, por sentencia, la absolución de Irlanda Sánchez Román, Alfredo Ramírez García, Noé Medina García y Faraón Martínez Molina, quienes fungían como policías ministeriales, así como Antonio Sánchez Gaytán, quien se desempeñaba como policía municipal de Lázaro Cárdenas.
La liberación de los cinco exservidores públicos se dio a sólo seis días de que también obtuviera su libertad absoluta el extitular de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, Miguel García Hurtado, acusado de presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
De las 35 personas detenidas durante el llamado “michoacanazo”, 34 han recobrado su libertad a la fecha. Sólo un exfuncionario público permanece en prisión: Armando Medina, exalcalde de Múgica y exlíder de los presidentes municipales del PRI.