MEXICO, DF, 5 de octubre (apro).- Amnistía Internacional (AI) exhortó al gobierno de Felipe Calderón a cumplir las recientes sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, indígenas guerrerenses violadas en 2002 por elementos del Ejército Mexicano.
    En un comunicado, AI advierte que “el compromiso de México de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos está bajo la lupa”, y recuerda que en menos de un año la CoIDH ha emitido cuatro sentencias contra el Estado mexicano “en casos graves de violaciones de derechos humanos e impunidad”.
    Amnistía destacó que “las medidas tomadas para implementar estas sentencias (de Campo Algodonero y Radilla Pacheco) –de cumplimiento obligatorio para las autoridades-- han sido muy limitadas hasta ahora”.
    Luego de anunciar que “se mantendrá alerta sobre la actitud que adopte el Estado mexicano”, Amnistía Internacional urgió a que se acaten las sentencias en los casos Rosendo Cantú y Fernández Ortega, que nuevamente apuntan a la reforma del artículo 57 del Código de Justicia Militar.
    AI recordó que, desde 2002, ha dado seguimiento a los casos de Valentina e Inés y “ha insistido en la obligación del Estado de hacer rendir cuentas a los responsables en la justicia ordinaria y garantizar la integridad física de las dos mujeres y sus familiares”.
    Puntualizó que los casos de las dos indígenas me’phaa formaron parte del informe “Mujeres indígenas e injusticia militar”, publicado por AI en 2004.
Amnistía detalló que, desde noviembre de 2009, la Corte Interamericana ordenó las reformas a la jurisdicción militar en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, y “reiteró la obligación de los jueces mexicanos para garantizar que sus decisiones sean conformes con la jurisprudencia interamericana”.
    En esas sentencias, puntualizó AI, la CoIDH reprobó “una serie de graves violaciones de derechos humanos contra ambas mujeres y sus familiares que han resultado, entre otras cosas, en impunidad de los responsables y el hostigamiento hacia las organizaciones que han apoyado a las mujeres en su lucha por la justicia”.
    Desde el 2002, apuntó Amnistía, el Estado mexicano se ha negado a reconocer que Valentina e Inés fueron víctimas de violación sexual, pero durante el litigio, la Corte encontró elementos que demuestran que fueron soldados quienes agredieron a ambas indígenas.
    Así mismo, en el cuerpo de la sentencia, la CoIDH encontró pruebas de que hubo “graves deficiencias en la atención a las víctimas y a la falta de una investigación eficaz”.
    Amnistía retoma las resoluciones del tribunal interamericano de la obligación del Estado mexicano de “reabrir la investigación penal en la justicia ordinaria, investigar a los funcionarios que obstaculizaron las investigaciones, fortalecer los procedimientos para investigar la violencia sexual, mejorar la atención médica de la víctimas directas y brindar reparación tanto a ellas como a los familiares afectados y a la comunidad”.
    Cabe destacar que las sentencias emitidas por la CoIDH concluyeron que México es responsable por violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.