MEXICO D.F., 5 de octubre (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador de Chiapas, Juan Sabines, por un caso de intolerancia religiosa ocurrido en octubre del año pasado en el municipio de Huixtán.
            En un comunicado, la CNDH informó que la recomendación 53/2010 también está dirigida al presidente de la Mesa Directiva del Congreso de esa entidad, José Ángel Córdova Toledo, y al ayuntamiento de Huixtán, debido a la intolerancia religiosa en que incurrieron funcionarios en octubre de 2009.
             De acuerdo con la recomendación, una asamblea del ejido Lázaro Cárdenas Chilil retuvo y expulsó a 20 vecinos de la comunidad que pertenecen a la Iglesia Bíblica Comunión de Creyentes de México, Asociación Religiosa, por haber firmado un documento en el que se oponían a cooperar y colaborar en los tradicionales festejos religiosos del ejido, motivo por el que elementos policiacos los retuvieron más de una hora y los amenazaron con una detención por tiempo indefinido si no renunciaban a su fe.
             La CNDH inició el expediente en diciembre pasado. Ahora, en su recomendación, confirmó que se violaron los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, a la no discriminación por motivos religiosos y a la libertad de creencia.
             El organismo solicitó a Sabines tomar las medidas necesarias para garantizar el retorno de los expulsados a sus hogares, su pacífica convivencia, el respeto a su patrimonio y a profesar la religión que elijan.
             Además, pidió a las autoridades otorgar asistencia humanitaria a los afectados, actualmente alojados en el Centro de Desarrollo Comunitario "La Albarrada", y que se den cursos de capacitación a los funcionarios para respetar la libertad de culto.
             Al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, la CNDH le solicita iniciar un procedimiento contra los cuatro funcionarios municipales, y a los miembros del ayuntamiento de Huixtán se les pide instruir a su personal abstenerse de intervenir en hechos que coarten la libertad de creencia.