MÉXICO, DF, 5 de octubre (apro).- Un reporte del Centro Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por siglas en inglés) destaca que la población de Ciudad Juárez, Chihuahua, no sólo padece los embates del crimen organizado, sino también los abusos cometidos por elementos del Ejército mexicano.
Los autores del documento --Maureen Meyer, coordinadora del Programa para México y Centroamérica de WOLA; Stephanie Brewer, coordinadora del Área Internacional del Centro Prodh, y Carlos Cepeda, exintegrante del Centro Prodh— advierten que Juárez sólo es un reflejo de la impunidad en los abusos cometidos en medio del combate antidrogas, situación que, apuntan, “debilita la confianza de los ciudadanos y su voluntad de colaborar en la lucha contra cualquier tipo de crimen”.
Por esas razones, las ONG sugieren al Departamento de Estado de Estados Unidos que retenga “la totalidad de los fondos” destinados para la Iniciativa Mérida, “hasta que México demuestre que está haciendo frente debidamente a los abusos cometidos por militares”.
Con base en organizaciones civiles establecidas en Ciudad Juárez, WOLA y Centro Prodh documentan cinco casos que implican a nueve víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército y que se refieren a detenciones arbitraria, torturas, desapariciones forzadas y vejaciones a mujeres.
En el informe Abusos y miedo en Juárez: un análisis de violaciones a derechos humanos cometidas por militares en México, se da cuenta de la detención el 3 de febrero pasado de Israel Arzate, vendedor de discos en el centro de esa ciudad.
Arzate fue acusado de participar en la masacre de 16 jóvenes en Villas de Salvárcar, Chihuahua, ocurrida el pasado 30 de enero.
Según la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Arzate fue torturado en el cuartel militar y recibió amenazas de agresiones contra su esposa si no se declaraba culpable de la matanza.
Luego Israel fue obligado a firmar una declaración en la que aceptaba ser halcón (vigilante de los narcotraficantes). Posteriormente fue presentado a los medios y actualmente está siendo procesado por posesión de auto robado y por supuestamente participar en la masacre de Salvárcar.
También se documentó el caso de Roberto ‘N’, detenido arbitrariamente cuando se dirigía a su trabajo en agosto de 2008; fue interrogado en un retén por soldados que le sembraron droga en su vehículo.
Maniatado y vendado de los ojos, Roberto fue conducido a un lugar donde había más personas torturadas. Fue liberado después de tres días de interrogatorios no sin antes recibir la siguiente advertencia: “Si preguntan qué te pasó, diles que te secuestraron, acuérdate que sabemos dónde vive tu familia”.
La familia de Roberto interpuso una queja por la desaparición un día después de que fue arrestado por los militares, pero el caso, como muchos otros, fue remitido al fuero militar; sin embargo, por temor a represalias, decidieron no continuar con la denuncia.
El documento también da cuenta de la detención arbitraria y desaparición forzada de José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinosa y Rocío Irene Alvarado Reyes, hechos ocurridos el 29 de diciembre pasado en el municipio chihuahuense de Buenaventura.
A pesar de que los familiares denunciaron los hechos en el fuero civil, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) declinó las investigaciones a favor del fuero militar, sin que hasta el momento se haya hecho nada para dar por el paradero de los tres jóvenes.
El reporte también consigna los casos de tres mujeres que sufrieron abusos por parte de soldados que las manosearon y vejaron sexualmente. Dos de las jóvenes, hermanas de 32 y 23 años, presentaron una queja luego de ocurridos los hechos, pero que no la continuaron por temor a represalias.    
Las organizaciones que colaboraron en el informe son el Centro de Pastoral Obrera de la diócesis de Juárez; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Casa Amiga Centro de Crisis, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, así como Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua.
El reporte también destaca que el despliegue policiaco y militar para combatir a las bandas de narcotraficantes no conllevó a la disminución de la violencia ni de las violaciones a los derechos humanos.
Según las ONG, de 2006 a diciembre de 2009 se cometieron 4 mil 900 homicidios en Juárez y, en el primer semestre de este año, otros mil 300.
Mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido, de enero a junio pasado, 199 quejas contra elementos castrenses sólo en Ciudad Juárez.
Además, WOLA y el Centro Prodh alertan sobre los riesgos que corren los defensores de derechos humanos que se involucran en casos que tienen que ver con militares, y ejemplifican con el caso del asesinato de Josefina Reyes y las amenazas contra las activistas Cipriana Jurado, Gustavo de la Rosa y Emilia González.
El reporte Abusos y miedo en Ciudad Juárez: un análisis de violaciones a derechos humanos cometidas por militares en México resalta, asimismo, la urgencia de reformar el Código de Justicia Militar para evitar que los abusos cometidos por soldados sean juzgados en el fuero castrense, así como fortalecer el sistema judicial mexicano y desarrollar sistemas de control interno y externo en corporaciones policiacas y del Ejército.
Luego de considerar que no es legítimo “utilizar los problemas del país con el crimen organizado como justificación de los ataques contra defensores”, WOLA y el Centro Prodh concluyen en que “si bien existen claros desafíos a la seguridad pública en México, el uso de tácticas ilegales por parte de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas contra la población, incluyendo graves violaciones a los derechos humanos, como la tortura, ni beneficia ni se justifica por la situación actual: solamente responde a un tipo de crimen y violencia con otro”.