Rechaza Arturo Chávez que la PGR actúe bajo consigna

miércoles, 6 de octubre de 2010

MÉXICO, D.F., 6 de octubre (apro).- El procurador de general de la República, Arturo Chávez Chávez, rechazó que actúe bajo consignas políticas, y aseguró que lo que su única orientación es “la aplicación de la ley de manera imparcial y objetiva”.
    Al comparecer ante legisladores de las comisiones unidas de Justicia y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Chávez Chávez aseguró que en la PGR la justicia no se aplica “con tintes políticos”; no juzga, no sentencia ni sanciona, esto en clara referencia al caso del diputado federal del PRD, Julio César Godoy Toscano quien es acusado por esta institución de vínculos con el crimen organizado.
    “Lo único que nos orienta es la aplicación de la ley, de manera imparcial y objetiva. No ha habido, ni habrá, favoritismos ni consignas políticas”, afirmó Chávez Chávez durante su comparecencia, a la cual no asistió el legislador perredista Godoy Toscano, quien había expresado que aprovecharía la presencia del procurador para solicitarle una cita y discutir su caso.
    “La justicia con tintes políticos, simplemente no es justicia. La inacción con tintes políticos también es injusticia y vulnera el Estado de derecho”, dijo Chávez al inicio de su intervención.
    Chávez Chávez aseguró que “en todos los casos, el Ministerio Público de la Federación ha cumplido su obligación constitucional de investigar y perseguir delitos”.
    “Como institución de buena fe y como representante social (la PGR), ejerce la acción penal cuando se cumplen los extremos y requisitos que establece la propia constitución, poniendo todos los elementos de que dispone a la consideración de la autoridad judicial competente”, sostuvo.
    “El Ministerio Público no juzga; el Ministerio Público tampoco sentencia ni sanciona”, aseguró, pero también aclaró que aunque respeta las decisiones y resoluciones de los tribunales, “tiene plenas facultades para impugnar las que, a su juicio, se aparten de lo que dispone las leyes que nos rigen”.
    Lo anterior, porque a pesar de que el 16 de junio de 2006 la PGR anunció la orden de aprehensión en contra de Godoy Toscano por presuntos vínculos con el narcotráfico y organizaciones criminales, el 20 de agosto de 2010 un Tribunal Colegiado de Circuito determinó que no había pruebas sobre los delitos que se le imputan al legislador y por lo mismo lo exoneró.
    Luego de ello, el 27 de agosto de 2010, a la PGR llegó una “denuncia anónima en contra de Godoy Toscano por lo que solicitó una nueva orden de aprehensión, el legislador demandó un amparo y un juez se lo otorgó, pero sólo para que se le restituyeran sus derechos políticos, razón por la cual pudo tomar posesión de su cargo.
    A la semana de haber sucedido la toma de protesta, la PGR solicitó ante la Cámara de Diputados el juicio de procedencia en contra de Godoy Toscano para que se le despoje de su fuero y pueda ser juzgado por el delito de “delincuencia organizada”.
    Sobre el tema, los diputados del PT, Jaime Cárdenas y Pedro Vázquez, así como la perredista Dolores de los Ángeles Nazareno, reclamaron al funcionario que la PGR “venga a pedirle a la Cámara de Diputados lo que no puede sostener ante un juez”.
    La perredista lo acusó de actuar bajo consigna política y el petista reclamó que no se les permita acceder a los fundamentos bajo los cuales se demanda el desafuero de Godoy Toscano. Por su parte, el PRI, a través de Alfonso Navarrete Prida, se refirió a la falta de respuesta de la PGR para detener a quienes ejecutaron al candidato de su partido al gobierno de Tamaulipas y quien formara parte de la actual legislatura federal, Rodolfo Torre Cantú.
    “Nada agravia tanto a una persona como el que se cometa un delito y no se sancione. Nosotros estamos agraviados. A tres meses del asesinato de nuestro candidato no existen datos de quién le quitó la vida; qué tipo de inteligencia tiene la PGR que no avanza…”, reclamó Navarrete Prida, quien fue procurador de Justicia en el Estado de México y funcionario de la PGR durante el periodo de Jorge Carpizo.
    El procurador aseguró que hay avances sobre el asesinato del candidato a gobernador. “Hay avances; lamentablemente no estoy facultado para proporcionar ningún dato. Y sobre los lamentables homicidios a presidentes municipales de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y otros estados, coadyuvamos con autoridades estatales”.
    Finalmente, dijo, en el caso de los 72 migrantes ejecutados, se ha detenido a los responsables e identificados a otros en el caso de 72 migrantes.
    Aunque el PAN intentó hacerle preguntas a modo en las que, según el procurador, hay avances, el PRI siguió con sus críticas. A través del legislador Josué Cirino Váldez, le dijo que su paso por la PGR se caracteriza por la “mediocridad, ineficiencia y por severas presunciones de corte político, como el caso de Greg Sánchez (candidato del PRD a la gubernatura de Quintana Roo que fue detenido y acusado por la PGR de estar ligado al crimen organizado), así como el michoacanazo”.
    “El caso Michoacán, sin duda, será el caso que marcará su paso por la PGR”, afirmó el diputado priista. Al respecto quiero preguntarle qué opina de la figura de “testigo protegido”, que fue la base para sostener las acusaciones en el caso del michoacanazo.
    Chávez Chávez respondió al priista que seguirán utilizando esa figura, pues la ley se los permite, sin embargo aclaró que antes de remitir al presunto delincuente ante un juez, la PGR evalúa las pruebas que tiene y analiza si desde su punto de vista son suficientes para remitirlo.

Fuero militar
Por otra parte, el procurador anunció que en breve el Ejecutivo federal enviará su propuesta de modificación al fuero militar en atención a una sugerencia de organismos internacionales. Dijo que habrá cambios al artículo 57 del Código Militar y al 13 de la Constitución.
    Además, informó que en los casos de desaparición de personas, sean civiles o militares quienes participen, se tipificará el delito que hasta este momento no existe en la legislación mexicana.
    Por otra parte, ante los reclamos que se le hicieron por la presentación ante los medios de comunicación de detenidos vinculados con el crimen organizado, aun antes de que sean puestos a disposición del Ministerio Público, como ocurrió en el caso de Edgar Valdez Villarreal, alías La Barbie, el procurador dijo que se tendrán que hacer modificaciones para no  afectar las garantías individuales de los detenidos.

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