MÉXICO, DF, 10 de noviembre (apro).-  La denominada Misión Internacional “Por el acceso a la justicia para las mujeres” acusó hoy al gobierno del presidente Felipe Calderón de hacer poco por evitar la muerte de mujeres en el país.
    En un comunicado, el organismo integrado por expertas en el tema reveló que, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano del Femenicidio (OCNE), de enero de 2009 a junio pasado se han registrado poco más de mil 728 crímenes contra mujeres en 18 entidades del país.
Lo preocupante es, dijeron, que de todos esos casos sólo 40 han terminado en sentencias.
    El Observatorio apunta también que ese contexto de violencia generalizada contra las mujeres no sólo se limita a Ciudad Juárez, Chihuahua, sino que se presenta en todo el territorio mexicano, lo que demuestra que la actuación del gobierno mexicano en la lucha por la erradicación del feminicidio es insuficiente, pues no garantiza el derecho a la vida y seguridad de las mujeres.
    La Misión visitó, en una primera etapa, Nicaragua, Honduras y México con la finalidad de documentar la situación del feminicidio en la región y para establecer una agenda mínima con los gobiernos y la sociedad civil para desplegar acciones urgentes que erradiquen este flagelo.
    En su opinión, la situación en México es especialmente alarmante debido al contexto de violencia generalizada en el que se encuentra inmerso el país por la lucha contra el narcotráfico y la alta militarización, hecho que, dijo, ha ‘invisibilizado’ otros problemas de igual importancia, entre ellos la violencia contra las mujeres y el feminicidio.
    La Misión Internacional concluyó que la creciente problemática del
feminicidio se agrava cuando existe una violencia institucional por la ausencia de registros sobre los delitos de violencia y desapariciones de mujeres, así como por la defectuosa investigación de los asesinatos.
Además, de la ausencia de perspectiva de género de los operadores de justicia y la criminalización de las víctimas (cuando son responsabilizadas de su propia muerte por parte de las autoridades, quienes justifican la violencia contra las mujeres a partir de estereotipos discriminatorios).
    No obstante, autoridades mexicanas establecieron compromisos
puntuales con la Misión.
    Por ejemplo, la Procuraduría General de la República (PGR) se comprometió a agilizar el registro unificado de denuncias sobre casos de mujeres desaparecidas, violencia sexual y homicidios dolosos.
Asimismo, la dependencia agilizará el banco de datos genético, estandarizará los protocolos de investigación criminal y desaparición en todo el país y reelaborará el Protocolo Alba para búsqueda de desaparecidas con perspectiva de género.
    Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) elaborará un diagnóstico sobre la situación del feminicidio y desapariciones de mujeres en México.
    Aparte, la Secretaría de Gobernación (Segob) modificará el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) para eliminar los obstáculos que dificultan la ejecución de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, y emitirá un oficio a la Comisión de Feminicidios de la Cámara de Diputados y al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) sobre los avances del cumplimiento de la sentencia de Campo Algodonero, sobre el feminicidio en Juárez.
     La Misión Internacional anunció que se mantendrá vigilante al cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno mexicano, con la finalidad de contribuir a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.