OAXACA, Oax., 12 de noviembre (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la vida e integridad física de Juan Manuel Martínez Moreno, a quien falsamente se vinculó con el asesinato del camarógrafo estadounidense Bradley Roland Will, ocurrido el 27 de octubre de 2006, durante el conflicto sociopolítico en Oaxaca.

El organismo internacional también demandó al Estado mexicano realizar una investigación seria y exhaustiva en torno de la privación de la libertad del simpatizante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), así como procesar y sancionar a los responsables de las amenazas en su contra, a fin de que no se repitan hechos de esa naturaleza.

El pasado miércoles 10, la CIDH notificó a México sobre el otorgamiento de medidas cautelares en beneficio de Martínez Moreno, quien fue víctima de actos injustos de procesamiento penal y privación de la libertad entre octubre de 2008 y febrero de 2010, por la falsa vinculación con el homicidio del camarógrafo estadounidense.

Cabe señalar que mientras Juan Manuel permaneció preso en la Penitenciara del estado de Oaxaca, sufrió diversas agresiones, hostigamientos y amenazas. Luego de su liberación, los actos de intimidación continuaron en perjuicio de él y sus familiares.

El simpatizante de la APPO denunció que en varias ocasiones él y su familia han recibido llamadas telefónicas intimidatorias, además de que su domicilio es constantemente vigilado desde automóviles sin placas y con vidrios polarizados.

En octubre pasado, el domicilio  de Martínez Moreno fue allanado, luego de lo cual denunció ese y los otros hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR), pero esta instancia declinó de su competencia y envió el caso a la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca.

Tal situación se hizo del conocimiento de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, sin embargo las investigaciones y procesos respectivos no han arrojado resultados.

Y es que si bien se convino la adopción de varias medidas de protección para el appista, éstas no fueron instrumentadas debidamente, por lo que el riesgo para Juan Manuel Martínez y su familia continúan.

Ante ello, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) exhortó al Estado mexicano a dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por la CIDH, organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos, para proteger de manera efectiva al afectado y su familia.

Con el otorgamiento de seis medidas cautelares para Juan Manuel Martínez Moreno, su esposa e hijos, suman mil 264 las medidas de protección que la CIDH concedió a periodistas, defensores de derechos humanos, luchadores sociales y pueblos indígenas durante el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz.