Activistas sociales e Iglesia se solidarizan con Florence Cassez

miércoles, 17 de noviembre de 2010

MÉXICO, D.F., 17 de noviembre (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Distritio Federal (CDHDF) y organizaciones no gubernamentales promotoras de las garantías fundamentales hicieron público hoy su apoyo a la ciudadana francesa, Florence Cassez, sentenciada a 60 años de prisión por secuestro.

“El caso de Florence Cassez es una manifestación de las graves violaciones a los derechos humanos”, expresaron representantes de la CDHDF, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Gente de México por la Democracia.

Fernando Coronado Franco, consultor general de la CDHDF, precisó que “por ahora, la participación de la CDHDF consiste en sumarse al amicus curiae” presentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Fransisco de Victoria.

Amicus curiae es una presentación efectuada por terceros ajenos a un litigio que ofrecen voluntariamente su opinión sobre algún punto de derecho o aspectos relacionados con el tribunal en la resolución de un proceso.

Florence Cassez, detenida el 8 de diciembre de 2005 en el sur de la Ciudad de México, fue condenada a 60 años de cárcel por complicidad de secuestros y portación de armas. Su arresto, junto con su exnovio Israel Vallarta, fue objeto de una recreación televisiva por parte de la Agencia Federal de Investigación para la televisión mexicana que fue presentada como una acción en vivo.

En la rueda de prensa en la sede de la CDHDF, Alfonso García Castillo, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, anunció la publicación de un amicus curiae (“amigo de la corte”) que consiste en “un análisis de las violaciones a los derechos humanos encontrados en el caso emblemático de Florence Cassez”, dijo.

Dicho informe, que solamente tiene un valor informativo, será enviado a los magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal del Distrito Federal, encargados de juzgar el amparo presentado por la ciudadana francesa.

En el documento, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la CDHDF recalcan que presentan el documento, “no como abogados de Florence, sino como observadores de un proceso afectado de graves inconsistencias”.

Los autores del documento titulado “Amicus Curiae Florence Cassez” subrayan que “del expediente (de Florence Cassez) se desprenden una serie de elementos que permiten presumir un proceso en donde no ha existido equidad procesal para la solicitante de amparo”.

En un resumen del documento, los defensores de los derechos humanos recalcan, entre otros elementos, las incoherencias de las declaraciones de los testigos:

“Previo a que se hiciera público el montaje descrito, dos de los testigos no reconocían a Florence Cassez ni mencionaban la presencia de una mujer en su secuestro. Por otra parte, el dicho del testigo restante es sumamente contradictorio, al narrar hechos que fueron debidamente controvertidos por la defensa.”

En el marco de la rueda de prensa, un representante de la Pastoral Penitenciaria del Episcopado Mexicano, Pedro Arellano Aguilar, se sumó a la iniciativa del amicus curiae. “Es una injusticia terrible. Recomendamos la liberación de Florence Cassez”, dijo.

Arellano Aguilar informó también que la Iglesia católica mexicana había respondido a la solicitud de los padres de Florence Cassez que solicitaron un informe jurídico por parte de las autoridades religiosas.

“Desde hace cuatro meses investigamos el caso de Florence Cassez y antes de que termine el año entregaremos documentos a la familia de Florence Cassez”, agregó.

Desde el penal de Tepepán, Cassez volvió a clamar su inocencia en el marco de una fiesta de cumpleaños que organizó en la cárcel para celebrar sus 36 años de edad. “México y Francia son dos países que amo y hoy solamente tienen un punto de desacuerdo que por desgracia encarno”, declaró Cassez.

Aludió a la decisión de Felipe Calderón de negar su repatriación a Francia, tal y como lo solicitó el gobierno francés en virtud de un convenio jurídico que abre la posibilidad de transferir presos de un país al otro.

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