MÉXICO, D.F., 17 de noviembre (apro).- La Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA, por sus siglas en inglés) exhortó al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a dejar de apoyar a países que utilizan a sus fuerzas armadas para funciones de seguridad pública y de combate al narcotráfico, como es el caso de México.
    Este miércoles WOLA –organización dedicada a la defensa de los derechos humanos-- presentó un informe titulado “Predica lo que practicas: La Separación de roles entre militares y policías en las Américas”, en el que insta a Obama a procurar que los gobiernos latinoamericanos emulen lo que ocurre en Estados Unidos.
    “Estados Unidos tiene una clara separación entre la utilización de los militares y la utilización de sus agencias en la aplicación de la ley interna”, indica el informe. Sin embargo, destaca que las mismas autoridades estadunidenses “fomentan lo contrario (y) empujan a los gobiernos de América Latina a usar sus militares contra su propia gente”.
En vísperas que se lleve a cabo la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas –del 22 al 26 de noviembre en Santa Cruz de la Sierras, Bolivia— WOLA recomienda que el gobierno de Obama que promueva “el principio que tanto ha beneficiado a la democracia de Estados Unidos a lo largo de 130 años”: la clara separación de los roles entre militares y policías, “esto significa terminar con la asistencia militar que fomenta el uso de los soldados contra los ciudadanos”.
    La organización de derechos humanos pidió al gobierno estadunidense “destinar más ayuda a construir sistemas fuertes de justicia, policías, gobiernos locales, organismos de control y otras instituciones civiles de seguridad que los gobiernos democráticos necesitan para poder hacer frente a los niveles crecientes de violencia y crimen organizado”.
    George Withers, uno de los autores del informe, resaltó que mientras los estadunidenses “ni siquiera pueden imaginarse ser arrestados, cateados o interrogados por miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos”, en países como México y Colombia, es posible gracias a tratados como la Iniciativa Mérida y el Plan Colombia.
    Withers recordó que mantener a los militares “fuera de las funciones de seguridad interna ha reforzado y preservado nuestra democracia”, situación que está sustentada en la Ley Posse Comitatus emitida en el siglo XIX que prohíbe usar a los soldados como policías.
    Por su parte, Adam Isacson, director del Programa de Seguridad Regional de WOLA, resaltó que Estados Unidos destina casi mil millones de dólares por año a militares de diferentes países de  América Latina inmersos en la guerra contra las drogas, con lo que “pone a los soldados a trabajar enfrentando a ciudadanos involucrados en el tráfico de drogas”.
    Destacó que “los programas de asistencia de Estados Unidos han promovido que las fuerzas armadas de América Latina enfrenten a ‘enemigos internos’, tal como ocurrió durante la guerra fría, cuando miles de millones de dólares fueron destinados a eliminar a sospechosos comunistas entre la población; ahora los recursos con contra los narcotraficantes”.
    En el informe de WOLA se asienta que programas de asistencia como la Iniciativa Mérida y el Plan Colombia “contribuyen a otorgarles a los militares nuevas tareas dentro de las fronteras, en una región con muy pocas amenazas externas ‘tradicionales’ de defensa”.
    La directora ejecutiva de WOLA, Joy Olson apuntó que los funcionarios públicos de América Latina “argumentan que llaman a los militares a realizar tareas de policías porque la fuerzas policiales no están preparadas para enfrentar el desafío. Pero si los gobiernos continúan invirtiendo en los militares para mantener la ley y el orden, en vez de reformar las policías, éstas nunca estarán preparadas”.
    El informe “Predica lo que practicas”, explicó WOLA, formula recomendaciones al presidente Obama y a su secretario de Defensa, Robert Gates, para que promuevan entre los países de América Latina lo que ocurre en Estados Unidos con sus fuerzas armadas: la prohibición de que éstas realicen funciones de seguridad pública.