MÉXICO, D.F., 18 de noviembre (apro).- El senador panista Ricardo García Cervantes presentó una iniciativa de reforma constitucional para crear la Fiscalía Nacional contra la Corrupción, como órgano autónomo, y argumentó que “es necesario que los servidores públicos deshonestos que se desvíen de su tarea sean sometidos a juicio y recibir castigos ejemplares”.

En la misma sesión, los senadores priistas Raúl Mejía y Manlio Fabio Beltrones presentaron otra iniciativa de reformas a varias leyes y al Código Penal Federal para inhabilitar, hasta por 20 años, a contratistas privados que infrinjan la ley.

La primera iniciativa propone modificar el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para que cando se inhabilite a un servidor público, la sanción que se aplique se eleve entre 18 meses y hasta 15 años si el monto del beneficio indebidamente obtenido no excede de 200 veces el salario mínimo mensual vigente.

En la segunda, plantean reformas a los artículos 217, 220, 221, 222 y 222 bis del Código Penal Federal para elevar las penas consistentes en multas o prisión para aquellos delitos cometidos en contra del servicio público, tales como el uso indebido de atribuciones y facultades, el ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho y cohecho a servidores públicos extranjeros.

En su iniciativa de reforma constitucional, el panista García Cervantes argumentó que la corrupción “es una realidad persistente que no cambia ni muta, a pesar de que se han hecho esfuerzos; y esto no cambiará sin una transformación y diseños estructural adecuado”.

Precisó que “la paridad de rango constitucional” de la Fiscalía Nacional contra la Corrupción es indispensable para mantener relaciones de coordinación y no de subordinación con los Poderes de la Unión. Este organismo debe contar con autonomía de gestión y presupuesto, personalidad jurídica y patrimonio propios.

Además, propuso que la persecución de los delitos de corrupción sea de oficio, por tratarse de transgresiones contra la economía nacional. La propuesta de García Cervantes, apoyada por senadores de distintas bancadas, fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.