Acepta la CIDH denuncia por desaparición forzada en el DF

viernes, 19 de noviembre de 2010

MÉXICO, D.F., 19 de noviembre (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio entrada a la denuncia por la desaparición forzada de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, quien fue visto por última vez el 14 de marzo de 2002, cuando fue detenido por policías federales y capitalinos.
    Como representante de los familiares de la víctima, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) informó que el pasado miércoles 17 la CIDH notificó la aceptación de la demanda, a la que se le asignó el registro de admisibilidad 147/10.
    En un comunicado, la CDHDF recordó que Gutiérrez Olvera se encontraba en su centro de trabajo, ubicado en la colonia Doctores de la Ciudad de México, cuando fue detenido por policías federales y locales fuertemente armados, quienes luego de golpearlo en repetidas ocasiones lo subieron a un automóvil.
    En el documento de admisibilidad la CIDH consideró que a pesar de que el Estado mexicano señaló que se hicieron varias investigaciones judiciales y que ya se tiene a uno de los 10 responsables de la desaparición de Gutiérrez Olvera mientras estaba en la cárcel, las mismas investigaciones “evidencian un presunto retardo injustificado, en el sentido de que existirían varias personas involucradas en los hechos denunciados, que habrían sido identificadas por testigos, pero sólo una de ellas se encontraría actualmente en juzgamiento”.
    Según el organismo, después de ocho años “el Estado no aporta información sobre avances concretos en las investigaciones que pueda traducirse en la posibilidad de dar con el paradero de Jesús Ángel o en el esclarecimiento de  las circunstancias en que se produjo su detención”.
Un día después de la desaparición, la madre de la víctima, Leonor Guadalupe Olvera López, buscó a su hijo en agencias del Ministerio Público y reclusorios, sin obtener respuestas, por lo que presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y una queja ante la CDHDF.
    El organismo de derechos humanos, presidido entonces por Emilio Álvarez Icaza, emitió la Recomendación 4/2002, que no fue admitida por el entonces procurador general de Justicia del DF, Bernardo Bátiz.
    Los familiares de la víctima presentaron un amparo para la presentación de Gutiérrez Olvera –quien contaba con 25 años de edad cuando fue detenido–, pero fue sobreseído “bajo el argumento de que era necesario que la víctima lo ratificara”, señaló la CDHDF.
    Al no obtener respuesta, la familia de Jesús Ángel, representada por Acción de los  Cristianos por la Abolición de la Tortura (ACATA-México), recurrió al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organismo que en julio de 2003 solicitó la intervención de la CIDH,  petición a la que con posterioridad se sumó la CDHDF.  
    De acuerdo con la CDHDF, después de ocho años de que Jesús Ángel Gutiérrez Olvera fue detenido y desaparecido, el caso sigue sin esclarecerse, en tanto que los familiares son permanente hostigados para que desistan de su búsqueda.
    “La ausencia de una investigación seria y exhaustiva ha permitido la impunidad en el presente caso, en la que ocho años después no ha sido sancionado ninguno de los responsables, negando así el derecho a saber la verdad de lo sucedido a los familiares de la víctima”, puntualizó la CDHDF.
    Asimismo, resaltó que en su búsqueda de la verdad, la señora Leonor Olvera y otras personas que la han acompañado en su lucha “han sido constantemente hostigadas, amenazadas y sometidas a procesos como represalia de su búsqueda de justicia”, lo que motivó que la CIDH otorgara medidas cautelares desde 2002, mismas que siguen vigentes, pero que las autoridades mexicanas dejaron de instrumentar.
    Como representantes de las víctimas, informó el organismo, el Cejil y la CDHDF tienen tres meses para presentar ante la CIDH sus alegatos de fondo, “en los cuales se hará énfasis en la falta de adopción de las medidas necesarias para ubicar el paradero de Jesús Ángel, la protección de su familia y la reparación integral a sus parientes, quienes continúan sufriendo ante la impotencia y frustración por la impunidad y desconocimiento de lo sucedido a su familiar”.

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