La entraña del embate de Televisa contra Cofepris

sábado, 20 de noviembre de 2010 · 01:00

Las causas del escándalo que detonó Televisa sobre las licitaciones de medicamentos en el IMSS se han ido armando como un rompecabezas: intereses familiares y empresariales del vicepresidente de la televisora, Bernardo Gómez; ambiciones de la propia empresa dirigidas al multimillonario mercado farmacéutico y a una próxima licitación de telecomunicaciones que, por unos 2 mil 200 millones de pesos, hará el propio Seguro Social. A ello hay que agregar el cabildeo del exprocurador Antonio Lozano Gracia en Los Pinos…

 

Detrás del conflicto entre el laboratorio Landsteiner y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se encuentra no sólo el interés familiar y empresarial del vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, sino también la asesoría jurídica y el cabildeo en Los Pinos de Antonio Lozano Gracia, exprocurador general de la República, cuyo despacho defiende a la empresa presidida por Miguel Granados Cervera.

La disputa entre la autoridad regulatoria y el laboratorio mexicano alcanzó nivel de escándalo mediático desde que el 9 de noviembre pasado Televisa difundió en todos sus segmentos informativos de televisión y radio unas llamadas telefónicas entre dos funcionarios de empresas farmacéuticas –Stendhal y Novartis–, quienes presuntamente se ponían de acuerdo para participar en una licitación de medicamentos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El golpe mediático sacó a relucir los intereses de Televisa en el mercado farmacéutico, tal como lo documentó Proceso en su edición 1776, pero también una red de asesoría jurídica que llega hasta el despacho de Antonio Lozano Gracia, socio de Diego Fernández de Cevallos y exjefe y padrino político del actual procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez.

Desde junio de este año, una demanda de hechos presentada por Cofepris en contra de Landsteiner “está archivada”, según confirmaron a este semanario fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR). El número de expediente de la demanda es PGR/DDF/SPE/XXVII/2822/10-06, por presunta falsificación y violación a la propiedad industrial de un medicamento inmunodepresor.

Landsteiner solicitó a Cofepris en 2009 la autorización para la venta del medicamento Renacept como genérico intercambiable del fármaco Rapamune, fabricado entonces por Wyeth, laboratorio que fue adquirido por la trasnacional Pfizer. 

En Wyeth trabajó Carlos Abelleyra, exdirigente de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIF) y una de las dos personas interceptadas en la llamada telefónica, cuya grabación se hizo llegar a Televisa de manera “anónima”. En un principio, Televisa se refirió a Abelleyra como “funcionario no identificado” del Seguro Social.

La televisora también acusó el jueves 11 al titular de Cofepris, Miguel Ángel Toscano, de haber “acelerado” los registros sanitarios a favor del laboratorio Novartis para que sus medicamentos pudieran entrar a las licitaciones del IMSS.

Novartis e Inbursa

 

El segundo personaje de las llamadas telefónicas es Rafael Cruz, responsable en Novartis –una de las trasnacionales más fuertes en el mercado farmacéutico– de la negociación con entidades gubernamentales.  

Un informe preliminar de la Secretaría de la Función Pública (SFP), obtenido por Proceso, desmiente que Cofepris haya privilegiado a Novartis sobre otras empresas.

Según el reporte de la SFP, entre enero de 2008 y noviembre de 2010 Novartis ha solicitado 16 registros de medicamentos, de los cuales sólo tres han recibido autorización (Rasivale, Afinitor y Onbrize Breezhaler), en tanto que 12 continúan “en evaluación normal” y otro más se desechó “por desistimiento de la propia empresa”.

Un mercado de 22 mil millones de pesos al año en licitación para medicamentos, así como poderosos intereses políticos y comerciales, es lo que está detrás de esta disputa, en la cual Televisa ha tomado parte.

Otro dato importante es que, desde mayo de 2008, el 25% de las acciones de Landsteiner fueron adquiridas por Grupo Carso, a través de Sinca Inbursa, presidida por Marco Antonio Slim, hijo del magnate Carlos Slim.

Marco Antonio Slim preside también el Instituto Carlos Slim de la Salud, cuyo director es Roberto Tapia Conyer, exsubsecretario de Salud, bajo las órdenes de Julio Frenk.

Sinca Inbursa comenzó a revisar su plan de inversiones en Landsteiner desde que sus instalaciones de Toluca estuvieron cerradas seis meses, como resultado del litigio que el laboratorio ha mantenido con Cofepris.

Landsteiner había anunciado, en 2008, una inversión de 400 millones de pesos, “apoyados por una empresa española”, para productos biotecnológicos.

“Lo más probable es que el laboratorio se construya en Nuevo León, no sólo por el mostrado interés del gobernador Natividad González Parás, sino porque el brazo de investigación más fuerte de Landsteiner está en el Tecnológico de Monterrey, donde tienen ocho líneas de investigación de proteínas recombinantes y anticuerpos monoclonales. Ahí avanzan en el desarrollo de tres patentes que serán los primeros biotecnológicos innovadores no sólo en México, sino los primeros en América Latina”, según informó una nota distribuida en el propio sitio web del laboratorio, www.landsteiner.com.

 

Un fármaco fraudulento

 

El origen de esta disputa se registró en julio de 2009, cuando en el Hospital General se realizaron las pruebas de bioequivalencia del lote de prueba LPD1209E005, correspondientes al medicamento Renacept, genérico intercambiable de Landsteiner para competir en el mercado con Rapamune, fármaco inmunodepresor fabricado por Wyeth-Pfizer.

Durante el protocolo de investigación, a varios pacientes con transplante renal del Hospital General se les suministró el Renacept para confirmar que el elemento activo, el sirulimus, podía llenar los requerimientos de absorción, concentraciones sanguíneas y eliminación en el organismo, necesarios para que Cofepris otorgue el registro.

El sirulimus es un polvo blanco, insoluble en agua, pero muy soluble en alcohol bencílico, cloroformo y acetona. Inhibe la activación y proliferación de linfocitos T y la producción de anticuerpos, según el Diccionario de especialidades farmacéuticas.

En las pruebas, uno de los verificadores de Cofepris se dio cuenta de que Renacept en realidad era una copia fraudulenta de Rapamune. Accidentalmente, se le cayó una de las píldoras de Renacept y se rompió, por lo cual el verificador se percató de que el medicamento, recubierto por una sola capa al estilo de un dulce confitado, era en realidad la gragea Rapamune, fabricada por Wyeth.

A raíz de este hallazgo, el 21 de septiembre de 2009 Cofepris realizó una primera visita de inspección a las instalaciones Landsteiner Scientific, ubicadas en calle 6 Norte, Lote 14, del Parque Industrial Toluca 2000.

La primera irregularidad detectada fue que el área de fabricación de inmunosupresores no estaba aislada ni autocontenida, al estilo de un quirófano, lo cual viola uno de los requisitos de la Norma Oficial Mexicana 059 para la elaboración de estos medicamentos altamente delicados para la salud de los pacientes.

Otra irregularidad que encontraron los verificadores de Cofepris consistió en que Landsteiner triangulaba su producción de inmunodepresores a través del laboratorio Solara, S.A. de C.V. Según la información del directorio Vademécum, Solara es una empresa farmacéutica con instalaciones en San Mateo Atenco, Estado de México.

La ficha dedicada a Solara la identifica como “centro de producción para cápsulas y tabletas, laboratorio de control de calidad y una capacidad de producción para 120 millones de unidades por año, cumpliendo con los estándares de calidad, como lo exigen la Norma O59 de la SSA y las Buenas Prácticas de Manufactura Internacionales”. 

Solara pidió a Landsteiner que la deslindara de cualquier responsabilidad frente a las investigaciones realizadas por Cofepris en relación con el Renacept.

A su vez, Landsteiner promovió un amparo en contra de las medidas de Cofepris, ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Civiles, encabezado por la juez Bethsabé Canseco Sosa. Durante este lapso, sus instalaciones se mantuvieron cerradas y se calcula que sus pérdidas ascendieron a más de 60 millones de pesos.

 

Presión de Lozano Gracia

 

Durante este litigio, el exprocurador Antonio Lozano Gracia y el abogado Julián Angulo sostuvieron diversos encuentros con las autoridades de la Cofepris para llegar a una “amigable composición” con Landsteiner. En una ocasión se reunió con Miguel Ángel Toscano, titular de Cofepris. 

Los abogados de Cofepris argumentaron que Landsteiner debía desistirse del amparo para que sus instalaciones fueran reabiertas y modificaran el área de fabricación de los inmunodepresores.

Ante la insistencia de ambas partes, el cabildeo de Lozano Gracia llegó hasta Los Pinos. A través de la oficina de Patricia Flores, entonces jefa de la Oficina de la Presidencia de la República, el comisionado de operación sanitaria de Cofepris, Lucio Lastra Marín, fue citado para carearse con Miguel Granados Cervera, presidente de Landsteiner. Como intermediario estuvo Bernardo Altamirano, funcionario de la Presidencia, quien acabó por dar la razón a los argumentos jurídicos de Cofepris.

El 29 de marzo de este año, a través del expediente 291/2010-V, Landsteiner procedió al desistimiento del amparo, pero el procedimiento administrativo de Cofepris continuó.

En agosto de 2010, Cofepris ratificó ante la PGR su denuncia de hechos en contra de Landsteiner por presunta falsificación de medicamento, así como por violación de la propiedad industrial.

El cabildeo de Lozano Gracia ha fructificado, al menos en la PGR. Su actual titular, Arturo Chávez Chávez, fue delegado en Chihuahua de la procuraduría bajo las órdenes de Lozano Gracia.

Lozano Gracia forma parte también de la red de despachos jurídicos e intereses políticos compartidos por el excandidato presidencial panista, Diego Fernández de Cevallos, secuestrado desde hace seis meses. 

Otros litigantes-funcionarios de esta red que han participado en el gobierno de Felipe Calderón son el exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mont; el subprocurador de Delitos Federales, Germán Rangel, y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Juan Miguel Alcántara Soria.

 

La contraofensiva

 

Informes obtenidos por Proceso confirman que el vínculo entre Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa y brazo derecho de Emilio Azcárraga Jean, con los laboratorios Landsteiner es el siguiente: la esposa de Miguel Granados Cervera es prima hermana de Gómez, ya que la madre de ella es hermana del padre del alto funcionario de la televisora.

No sólo es el parentesco lo que define el interés de Televisa en el mercado farmacéutico y, en especial, en las próximas licitaciones del Seguro Social.

El martes 16, la columna “Templo Mayor” del periódico Reforma publicó que el IMSS prepara una licitación para instalar una red de telefonía y envío de datos por un valor de mil 500 millones de pesos.

 Además de Telmex, Telefónica y Axtel, la otra empresa interesada en esta licitación sería Televisa, propietaria de la firma telefónica Bestel, que en marzo de 2010 ganó una licitación similar en el ISSSTE, semanas antes de que su titular Miguel Ángel Yunes dejara la dirección del instituto para competir como candidato del PAN por la gubernatura de Veracruz.        

El monto de la próxima licitación en el IMSS, de acuerdo con versiones obtenidas en el sector de telecomunicaciones, sería de más de 200 millones de dólares (alrededor de 2 mil 200 millones de pesos).

Después de que anunciara la ruptura de su sociedad con Nextel, tras haber ganado la licitación de 30 Mhz para explotar la banda 1.7 Ghz en telefonía móvil convergente con internet, Televisa busca ganar en el Seguro Social otra licitación que confirme sus grandes inversiones en telecomunicaciones. Y también en la industria farmacéutica.

 

 

 

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