Autoridades, detrás de las agresiones contra activistas: ONU

miércoles, 24 de noviembre de 2010

MEXICO, D.F., 24 de noviembre (apro).- El representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, afirmó que detrás de las agresiones contra activistas en México están autoridades, no precisamente el crimen organizado.
          Y advirtió: “No podemos esperar a que haya más muertos en México porque con ello aumentará la impunidad”.
           Hernández Valencia presentó el documento “Actualización 2010 del informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México”, en compañía de Raúl Hernández Abundio, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Mephaa (OPIM), recientemente liberado, tras haber estado preso durante más de dos años, acusado de un crimen que no cometió.
     Dijo que en el 27% de las agresiones contra defensores de derechos humanos “se encuentran las pistas y algunos avances de las investigaciones que ligan a grupos de delincuencia organizada”, y afirmó que “en la vorágine de la violencia por el combate al narcotráfico no deben mezclarse los hechos, porque se corre el riesgo de invisibilizar” el problema.
    “Lo que viven los defensores de derechos humanos y los casos que presentamos de agresiones no pueden meterse en el mismo paquete, en la bolsa oscura de una lucha contra el crimen organizado. No es el crimen organizado el que arresta a Raúl; no es que viola a Valentina (Rosendo Cantú)  y a Inés (Fernández Ortega); no perdamos la perspectiva”, añadió.
     En el caso de las agresiones a radios comunitarias, Hernández Valencia afirmó que quienes tradicionalmente están interesados en acallarlas son caciques y representantes de los poderes locales, no el crimen organizado,
            De acuerdo con la OACNUDH, el  91% de las agresiones documentadas en lo que va de este año se mantiene en la impunidad, debido a que en 23 de los 37 casos reportados se presentó una denuncia, pero sólo en tres ocasiones la investigación se consignó ante la autoridad judicial y sólo en dos de ellas se procesó a los presuntos responsables.
    En ese documento se destacan los asesinatos de los activistas Josefina Reyes y Ernesto Rábago, ambos de Chihuahua; Mariano Abarca Roblero, de Chiapas, y Beatriz Cariño y Jyri Antero Jaakkola, ultimados en San Juan Copala, Oaxaca,  así como la desaparición de Alicia Salaíz Orratia, de Chihuahua.
    A la cabeza de las agresiones contra defensores de derechos humanos, el documento de la ONU ubica a Chihuahua, con nueve reportes, seguido de Chiapas y Oaxaca, con cinco cada uno, y Guerrero, con cuatro.
    Señala que las principales acciones contra los activistas fueron en 26% amenazas; 17% injerencias arbitrarias; hostigamiento y uso arbitrario del sistema penal, 14% cada una, y 13% privación de la vida.
    Sobre los presuntos responsables de las agresiones contra defensores,  el 51% de los casos no está identificado; en 27% se presume que fueron actores no estatales; en 14% operadores de justicia; en 8% autoridades municipales, y en 5% autoridades militares.
    “Los temas que trabajan las y los defensores al momento de sufrir la agresión están relacionadas principalmente con los derechos de los pueblos indígenas, la defensa de los recursos naturales y las denuncia por supuestos abusos cometidos por militares”, puntualiza el documento.
    Hernández Valencia dijo que en la distribución de responsabilidades, a los organismos públicos nacionales e internacionales les corresponde emitir recomendaciones y medidas cautelares, y a “las autoridades, implementar medidas de protección”.
             Añadió: “No podemos esperar a que la lista de muertos continúe  porque la acumulación de muertos es la acumulación de impunidad”.

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