Detectan anomalías por más de 2 MMDP en gobierno de Amalia García

miércoles, 24 de noviembre de 2010

ZACATECAS, Zac., 24 de noviembre (apro).- El informe de auditorías practicadas a los últimos meses de la administración de Amalia García Medina por orden del actual gobernador Miguel Alonso Reyes, arrojó irregularidades administrativas y posibles delitos en contratos de obras y servicios; adquisición de bienes, uso de programas sociales y falsificación de beneficiarios; consultorías y préstamos personales no justificados que en total involucran recursos públicos superiores a los 2 mil millones de pesos.
    En este paquete se incluye un contrato de crédito firmado en junio del 2010 por la entonces gobernadora García Medina con Banamex por 300 millones de pesos; y 4.3 millones como intereses, que debió pagarse el 25 de agosto de este mismo año; menos de un mes antes de que terminara su sexenio.
“Pero no se cumplió y esto generó toda suerte de consecuencias económicas negativas” al erario estatal, afirmó el contralor del estado, Guillermo Huizar.
    Entre esas consecuencias, mencionó la generación de 5.5 millones de pesos de intereses moratorios, así como el hecho de que las calificadoras Moody’s y Standard and Poor’s “han derrumbado la calificación crediticia del Gobierno de Zacatecas y con ello, puesto en riesgo las líneas de financiamiento institucional de que dispone el Gobierno del estado”.
    Además, el gobierno estatal ha sido requerido por la Tesorería de la Federación para que devuelva 610 millones 658 mil pesos “por irregularidades detectadas en el ejercicio de programas como Fonregión y Apazu”, aseveró Guillermo Huizar.
    Mientras tanto, la Auditoría Superior de la Federación efectúa una investigación por irregularidades detectadas en programas y fondos como el Fideicomiso para la Infraestructura Estatal y el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica en el periodo del 2008.
    La Contraloría estatal revisó los ejercicios presupuestales de varios programas de las secretarías de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), Finanzas, Obras Públicas, Planeación y Función Pública; la Oficialía Mayor, la Junta local de caminos y el Sistema estatal DIF.
Este último fue presidido durante los primeros años de la gestión de la exgobernadora García Medina por su hija, la actual senadora por Zacatecas, Claudia Corichi García.
    El contralor Guillermo Huizar presentó ante los medios de comunicación un informe detallado sobre 23 actos de fiscalización, que sólo abarcaron 2% del presupuesto total.
Al señalar que sólo se dieron a conocer “los resultados más relevantes”, el contralor, y exdiputado local y federal, aclaró que se revisaron diversas áreas, programas y periodos de la administración que encabezó la exmandataria perredista, pero se negó a dar nombres de los funcionarios que podrían haber incurrido en responsabilidades administrativas o penales por las anomalías detectadas.
“El procedimiento administrativo previsto por la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos en vigor, me obliga a guardar la correspondiente secresía, debido a la fase del procedimiento en la que nos encontramos… no notificará sanciones o hará responsables, eso podrá venir después”, dijo Huizar.
“Notificaremos a los presuntos responsables; daremos el plazo de 15 días fijado por la ley para que subsanen lo necesario; de no ser así, la Contraloría notificará las sanciones o iniciará los procedimientos penales a que haya lugar; dependiendo de cada expediente daremos vista al Ministerio Público para que se aplique lo que proceda”, dijo el contralor, quien anunció que la labor de esta dependencia en la revisión de la gestión de Amalia García “no ha terminado”.
“La auditoría al Issstezac está por concluir; las auditorías profundas a Oficialía Mayor y Obras Publicas, están en curso”, informó.
    Enseguida, detalló los resultados de la revisión que anunció en su toma de posesión el gobernador priista Miguel Alonso Reyes.
En la Oficialía Mayor se revisaron las adquisiciones efectuadas entre el 1 de septiembre del 2009 y el 30 de septiembre del 2010, por un monto total de mil 254 millones de pesos, de los cuales 740.8 millones correspondieron a asignaciones directas a diversas empresas.
“Actualmente nos encontramos en la verificación física de los documentos probatorios de cada contrato –refirió el Contralor. En el caso de las adjudicaciones directas, tenemos documentado que se firmaron al margen de la norma; y hay evidencia ya de cuatro facturas cuya certificación del SAT las presume apócrifas.”
    Obras como la Plaza Bicentenario –inaugurada por la gobernadora una semana antes de las elecciones del 4 de julio-- también presentan anomalías en su asignación y construcción.
    En este caso, la Contraloría encontró pruebas de que las bases de la licitación pública fueron adquiridas por la empresa ganadora –Construcciones y Edificaciones Gals, también beneficiada con el contrato del Palacio de Convenciones-- después del plazo límite legalmente fijado para ello, con lo cual se tendría que haber descartado su participación.
“Tengo conmigo el recibo oficial con las cuales la empresa Gals adquirió las bases de la licitación, donde queda comprobado que las adquirió el 30 de diciembre, fuera del plazo establecido en la convocatoria, motivo más que suficiente para haber declarado el concurso desierto”, afirmó Huizar, quien además señaló que en la obra se registraron excesos en valores por más de 40 millones de pesos.
    En tanto que en la Sedagro, productores agrícolas y mujeres campesinas presuntamente beneficiados mediante convenios de la Sedagro con 3.5 millones de pesos del programa “Saca cosechas” –que tuvo una asignación total de 7.5 millones-- y el programa “Oportunidades para mujeres en el ámbito rural”, negaron haber recibido apoyo alguno del gobierno estatal y aseguraron que sus firmas fueron falsificadas.
    Convenios para la adquisición de semilla de frijol por un monto de 26 millones de pesos fueron celebrados sin el procedimiento de licitación requerido por normatividad, y se asignaron de manera directa a una empresa del Distrito Federal.
    “Llama la atención que una dependencia gubernamental adquiera semilla de frijol en el Distrito Federal y no en nuestro estado, que es el primer productor nacional de frijol”, comentó el contralor, quien señaló que este mismo proceso irregular de asignación se llevó a cabo con cinco proveedores para el programa de Biofertilización, que involucra 16.5 millones de pesos.
    “Al solicitar los documentos que supuestamente acreditan la entrega de los beneficios –semilla de frijol y fertilizantes-- nos fueron proporcionados 789 recibos, de los cuales 525 muestran algún tipo de alteración, ya sea en la firma del beneficiario, el número de kilogramos de semilla de frijol o la cantidad de botellas de fertilizantes que debieron recibir”, explicó el funcionario estatal.
En la Sedagro también se detectaron anomalías dentro del programa “Tianguis ganadero”, como un sobre ejercicio por 2.5 millones de pesos, que se utilizaron para adquirir bienes que no correspondían a los propósitos del programa, además de que el contrato C-OM345-2010, de fecha 9 de junio, por tres millones 964 mil 999.65 pesos útiles para la adquisición de 45 vaquillas y 226 sementales, “fue adjudicado sin la licitación pública que ordena la ley”.
La Secretaría de Finanzas otorgó préstamos a particulares –personas físicas y morales-- por 368 millones 300 mil pesos, sin que existiera una partida presupuestal ni atribuciones legales para efectuar estos préstamos, de los cuales tampoco se solicitaron garantías, ni se pudo documentar que fueran cobrados.
Entre enero de 2010 y el 12 de septiembre pasado –fecha en que concluyó el mandato de Amalia García-- el presupuesto estatal fue ampliado en 3 mil 500 millones de pesos, aun cuando sólo se obtuvieron recursos adicionales por mil 200 millones, y si que se respetara el marco de atribuciones previsto en la Ley de Egresos, se informó.
    Mientras que en el Sistema estatal DIF, se encontraron varios contratos para la adquisición de miles de paquetes escolares por 4.5 millones de pesos asignados de manera directa a dos empresas, una de las cuales con un giro totalmente diferente, sin que se cuente con evidencia documental o física de la existencia de dichos paquetes o la entrega a los presuntos beneficiarios, así como otro contrato por 11 millones de pesos a otro proveedor, también sin licitación.
Guillermo Huizar mencionó una factura de compra de 3 mil 448 botellas de mezcal por cerca de un millón de pesos con recursos del DIF.
“La compra de referencia se realizó de manera directa y no ha habido forma de ubicarla en ninguno de los programas del Sistema DIF. No fue posible en esta dependencia explicar por qué se adquirió semejante cantidad de botellas de alcohol”, señaló.
    A esta lista se agregaron los contratos para la presentación de diversos artistas entre enero del 2009 y septiembre del 2010, que amparan 102 millones de pesos, pues no existe justificación legal sobre la partida de la que se dispuso para pagarlos y mediante qué programa se dispuso su contratación, así como el pago de casi 700 mil pesos a una empresa de consultoría en planeación del Distrito Federal.
    Finalmente, el Contralor del estado refirió el gasto de 8 millones de pesos en la compra de insumos –agua embotellada, colchonetas, colchas-- que presuntamente se entregaron a personas afectadas por inundaciones en los municipios de Tlaltenango y Pinos, “de los cuales no existe evidencia ni de su existencia ni de su entrega”.
    En una entrevista ofrecida hoy a medios de comunicación, el gobernador Miguel Alonso Reyes aseguró que esta revisión corresponde a las indicaciones que él dio al contralor Guisar. “Tiene mi respaldo y mi confianza para la tarea que está realizando” la cual, aseguró, responde “a un compromiso que hice con los ciudadanos” el mismo día en que se convirtió en gobernador.
    El deslinde de responsabilidades, aseguró Alonso Reyes, se hará “en apego precisamente a lo que el propio procedimiento de la Contraloría, éste es nuestro único camino, además del compromiso con los ciudadanos, que es lo más importante”.