MÉXICO, DF, 24 de noviembre (apro).- El representante de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la Cámara de Diputados, el general Armando Meza Castro, se pronunció hoy por las reformas al fuero militar que permitirían juzgar en tribunales civiles a integrantes de Ejército que hayan incurrido en los delitos de desaparición forzada, tortura o violación.
Esta es la primera ocasión que el general Meza Castro, quien también es secretario de la Comisión de la Defensa, se pronuncia a favor de la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal bajo la presión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CoIDH), luego de analizar la denuncia presentada por organismos civiles por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, en la década de los setenta.
Hace un par de meses, el organismo regional instó al gobierno mexicano a modificar el fuero militar para que en casos como este, sean jueces civiles quienes juzguen a militares que participen en dichos actos.
El general Meza Castro no sólo representa a las Fuerzas Armadas en el Poder Legislativo, sino que además es uno de los hombres más cercanos al general de división y titular de la Sedena, Guillermo Galván Galván, y uno de sus operadores no civiles en la Cámara de Diputados.
Incluso, Meza Castro estuvo destacamentazo en los sesenta en Guerrero, lugar donde desapareció Radilla.
El general Meza destacó que “el fuero de guerra es una exigencia legal que garantiza la estricta disciplina militar, la cual es el sustento irremplazable para el buen funcionamiento de las Fuerzas Armadas”.
Recordó que el artículo 57 del Código de Justicia Militar establece que son delitos contra la disciplina militar los de orden común o federal cometidos en servicio, sin embargo, con la reforma que plantea el Ejecutivo federal, y que en estos momentos se encuentra en el Senado, se exceptuarían la desaparición forzada, tortura y violación.
“En este contexto, lejos de conculcar a la sociedad, le brinda protección y seguridad jurídica, y básicamente se tendrá la certeza de que, por lo que hace a este tipo de delitos --desaparición forzada, violación y tortura--, que se llegaren a cometer en agravio de civiles, conocerán del caso tribunales ordinarios y no la jurisdicción militar.
“Ello, con el propósito de actualizar la legislación militar en concordancia con el resto del orden jurídico mexicano, tomando en consideración el contenido de los pactos internacionales protectores del ser humano”, sostuvo el general Meza Castro.
Empero aclaró que el fuero de guerra seguirá “salvaguardando la disciplina y el orden para garantizar el respeto a las leyes y que la sociedad continúe confiando en sus Fuerzas Armadas como baluarte de la integridad, soberanía y progreso nacionales”.
De acuerdo con la iniciativa, los tres delitos antes mencionados, en ningún momento serán juzgados por la justicia militar, “pues esos ilícitos afectan bienes jurídicos fundamentales de la sociedad que rebasan el ámbito de la disciplina castrense”.
Entre los cambios, se considera que la Policía Ministerial Militar --será ahora el nombre que se le dará a la Policía Judicial Militar-- estará facultada para ejercer funciones de investigación “pero como una instancia auxiliar del Ministerio Público Militar”.
Además, podrá realizar cateos en campos militares o instalaciones castrenses, previa autorización de un juez militar, pero jamás éste podrá extender su facultad a un domicilio civil o propiedad privada; además, se crea la figura de juez de ejecución de sentencias para el cumplimiento de las penas, y quienes sean procesados o sentenciados bajo cualquiera de los tres delitos antes mencionados, durante la prisión preventiva y el cumplimiento de la sentencia, permanecerán en prisiones militares.
La iniciativa que modifica el fuero militar afecta los códigos de Justicia Militar, Penal federal y Federal de Procedimientos Penales, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

mav