MÉXICO, D.F., 24 de noviembre (apro).- Cobijada por la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la exgobernadora de Zacatecas, Amalia García, respondió a las acusaciones en contra de su gobierno por presuntas anomalías financieras de más de dos mil millones de pesos.
Con evasivas, la exmandataria zacatecana dijo que no estaba desmintiendo la información difundida este día por el gobierno del priista Miguel Alonso Reyes, y que antes fueron reveladas por el semanario Proceso (número 1772), sino que sólo estaba precisándola, porque la difusión de esas 23 auditorías son producto de una “cacería de brujas” orquestada por el actual gobernador Miguel Alonso Reyes.
--Para aclarar ¿No está desmintiendo la información; sólo la está precisando? –le preguntó apro.
Con un esbozo de sonrisa, el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, soltó: “Es semántica”.
La exgobernadora comentó que en breve enviará una carta al gobernador Alonso Reyes para aclarar las presuntas acusaciones contra su gestión, y rechazó que tenga planeado realizar acciones legales para defenderse.
“No vengo a defenderme, vengo a precisar” la información difundida, insistió García, quien en un comunicado que leyó ante la prensa calificó los resultados de las 23 auditorías realizadas por la actual administración zacatecana como “infundios” por parte del contralor interno Guillermo Huizar.
“Es indispensable señalar que se trata de un claro afán de linchamiento político por la manipulación tendenciosa con que se presentó la información”, destacó la perredista, visiblemente nerviosa, quien estuvo acompañada, además de Ortega, por la secretaria general del PRD, Hortensia Aragón, y el senador Carlos Navarrete, así como de diputados zacatecanos perredistas.
Para García el contralor actuó irresponsablemente al acusar a personal de su gobierno y a ella misma sin que nadie haya notificado a los aludidos, incluida su hija, la senadora Claudia Corichi, sobre la existencia de un proceso legal por presunta corrupción en su gestión.
“No voy a caer en la provocación de abonar un escándalo mediático cuyo objetivo es la confrontación y la división política de la enditad. Me niego a ser un instrumento para desviar la atención de los ciudadanos sobre otros temas importantes en el estado relacionados con la creciente inseguridad y la falta de atención a las necesidades de la gente que son las prioridades de todo gobierno”, señaló García en su comunicado
Criticó al gobernador Alonso Reyes --que fue colaborador durante su gestión y conoció de cerca la manera de gobernar de la perredista--, las auditorías que realizó a su administración, cuando como legislador local, votó a favor de las cuentas públicas y el contenido de los presupuestos.
“La ofensiva que han emprendido usted y su gobierno carece de sustento y está motivada por causas políticas. A esas imputaciones hemos decidido yo y quienes fueron mis colaboradores darles una respuesta puntual, pues queda claro que junto a la mala fe hay una gran incapacidad para revisar con profesionalismo la información que se aportó en la entrega-recepción de la administración”, indicó.
Amalia García sostuvo que su gobierno solventó la tercera parte del crédito de 300 millones de pesos con Banamex, que no fue ilegal porque la ley autoriza pactar este tipo de créditos sin la venia del Congreso del Estado: “El deterioro de las calificaciones crediticias y la generación de intereses moratorios se dieron ya en su administración como resultado de la incapacidad de su gobierno para atender las obligaciones financieras en el Estado”, apuntó.
La exgobernadora destacó que dos terceras partes de las ampliaciones presupuestales aprobadas en su gobierno fueron “automáticas”, y están previstas por la ley; “y un tercio más es resultado de la intensa gestión que realizamos”, apuntó.
Respecto a los préstamos realizados por su gobierno a particulares, aclaró que se trata de una cifra acumulada en distintos sexenios.
Sobre las diversas adquisiciones realizadas por la Oficialía Mayor, que ascienden a mil 254 millones, señaló: “Veo incapacidad en su gobierno para entender algo elemental: De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública esa es una función sustantiva de dicha dependencia. En lo que se refiere a las adjudicaciones directas, ustedes deberían saber que, de acuerdo a los montos y circunstancias, la ley establece las condiciones para licitar o adjudicar.”
García sostuvo que su gobierno promovió reformas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, y sugirió: “De manera muy respetuosa” al gobierno de Alonso Reyes que revisen el estado que guarda la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública “respecto a la aplicación de recursos públicos”, porque durante su gobierno se sancionó a los responsables de mal manejo de recursos en los casos del Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (Prosapys) y del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (Apazu).
En cuanto a la supuesta deuda de 200 millones de pesos que dejó en la entidad, García resaltó que esa cantidad es menor, tomando en cuenta que el presupuesto del estado es de 18 mil millones de pesos. Además, comparó la deuda con la de Aguascalientes, que asciende, dijo, a 2 mil 542 millones de pesos o la del Estado de México, que es de 32 mil millones de pesos.
Durante la conferencia de prensa, la exgobernadora fundadora de la corriente Foro Nuevo Sol del PRD, se dijo “sorprendida” por la información, por eso acudió “a dar precisiones”, no a defenderse, porque la “cacería de brujas” del gobierno de Alonso Reyes “ya se desató”, con la finalidad –insistió—de ocultar la creciente inseguridad en la entidad.
Ortega y Navarrete apoyaron a la exgobernadora y pidieron al gobierno estatal que presente las pruebas, porque de lo contrario deberá sancionar a quienes acusaron irresponsablemente a la exmandataria. Para Navarrete, esta actitud es típica de los priistas que siempre culpan a su antecesor de los errores de su administración.

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