MÉXICO, D.F., 25 de noviembre (apro).- Organismos defensores de los derechos humanos y organizaciones impulsoras de la equidad de género exigieron hoy al gobierno federal poner un alto a la violencia institucional contra las mujeres.

En el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones como la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro Fray Francisco de Vitoria, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y Equidad y género entre otras, urgieron al gobierno a tomar “acciones inmediatas” para erradicar esta problemática.

A través de una carta pública difundida en varios medios de comunicación del Distrito Federal, las organizaciones firmantes demandaron que el Estado mexicano modifique el Reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El objetivo, agregaron, es agilizar los mecanismos de protección contemplados en la dicha ley, en especial, la “declaratoria de alerta de género”.

Destacaron que, de acuerdo con datos de procuradurías estatales, en sólo tres años, entre enero de 2007 y diciembre de 2009, se documentaron 2 mil 620 feminicidios “en menos de la mitad del país”. Todos esos asesinatos, subrayaron, fueron cometidos “solo hecho de ser mujeres”.

Además, señalaron las desigualdades que aún padece el sector femenino frente al de los varones en nuestro país: Las mujeres sin escolaridad representan el 9.6% del total de la población mayor de 15 años, mientras que los hombres, 7.2% de ese mismo universo poblacional. “Eso es violencia institucional”, subrayaron.

Asimismo, hicieron notar que el ingreso promedio por hora trabajada para las mujeres es de 29.02 pesos, mientras que en los hombres es de 30.25 pesos.

Por si fuera poco, agregaron que cada año mueren aproximadamente 1,200 mujeres por causas relacionadas con el embarazo, parto, pauperio y aborto, cuando estas causas son evitables.

Hicieron notar que mientras en el Distrito Federal las mujeres que deciden interrumpir su embarazo no son consideradas delincuentes, en el resto del país son encarceladas y condenadas.

“En México se penaliza a las mujeres pobres, analfabetas e indígenas por abortos o partos prematuros”, subrayaron.

Por tal motivo, urgieron al Estado mexicano a poner fin a “tal situación de discriminación e impunidad”.