MÉXICO, DF, 30 de noviembre (apro).- El investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Miguel Sarre, consideró que los tres magistrados encargados de dictaminar sobre el amparo de Florence Cassez se encuentran “en un evidente conflicto de intereses”.
Y en tanto los jueces del Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito de la Ciudad de México examinan el amparo interpuesto en agosto pasado por Cassez, condenada a 60 años de prisión por portación ilegal de armas y complicidad de secuestros, organizaciones no gubernamentales, así como especialistas en derecho, sostienen que los derechos elementales de la francesa fueron vulnerados.
Así lo consideran el extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), Ignacio Morales Lechuga, y el especialista en derecho penal del ITAM, Miguel Sarre.
En conferencia de prensa conducida por la periodista Anabel Hernández, y a la que se sumaron varias ONG, Sarre explicó que los magistrados encargados de dictaminar el amparo se encuentran “bajo sospecha de presión por parte de un miembro del Consejo de la Judicatura Federal, Daniel Cabeza de Vaca, entonces procurador general de la República y quien se involucró personalmente en el caso Cassez en 2005”.
“Si los jueces niegan el amparo –presentado por la defensa de Florence Cassez--, no estarán contando con la simpatía de su superior, quien decide sus ascensos, y nunca se quitarían la sospecha de haberlo hecho por presión o sintiéndose intimidados por la pura presencia de Cabeza de Vaca”, detalló Miguel Sarre.
Sarre consideró que la “única forma de salir de este conflicto de intereses es que el caso vaya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, único órgano que no está sometido al Consejo de la Judicatura Federal”.
En un recurso legal, denominado amicus curiae, Sarre pidió el 12 de noviembre a la SCJN que atrajera el caso de Florence Cassez, encarcelada desde 2005.
El Amicus curiae es una presentación jurídica efectuada por terceros ajenos a un litigio que ofrecen voluntariamente su opinión sobre algún punto de derecho o aspectos relacionados con el Tribunal en la resolución de un proceso.
Sin embargo, esta petición fue rechazada por la Suprema Corte, informó Sarre. “No argumentaron, pero dijeron que no soy autorizado para intervenir en este caso”.
Por su parte, Morales Lechuga manifestó su apoyo a Cassez mediante la interposición de otro amicus cuarie, entregado a los magistrados encargados del caso de la ciudadana francesa.
En el documento, al que Apro tuvo acceso, Morales Lechuga denuncia presuntas irregularidades en los testimonios acusatorios de la francesa:
“El procedimiento violó los derechos de la sentenciada y, por fin, al castigar a una inocente, se llegó a dejar en libertad a los verdaderos culpables del crimen”, sostiene el extitular de la PGR.
Cassez, quien cumplirá el próximo 8 de diciembre cinco años de detención en el Distrito Federal, recibió en noviembre el apoyo del Episcopado mexicano a través del portavoz Pedro Arellano, quien calificó el caso de “injusticia terrible” y recomendó la liberación de la ciudadana francesa.