Alista Fepade blindaje especial contra narco en comicios

lunes, 8 de noviembre de 2010 · 01:00

MÉXICO, D.F., 8 de noviembre (apro).- Con la finalidad de evitar la participación de la delincuencia organizada durante cualquier etapa de los procesos electorales locales y federales de 2011 y 2012, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) anunció que tiene preparado un blindaje de “tercera generación”.
    “Creo que estamos todavía en una fase digamos previa, donde tenemos capacidad de evitar que lleguen a existir gobernantes o representantes populares claramente involucrados con actividades ilícitas”, señaló el titular de la dependencia, José Luis Vargas Valdez.    Para ello, dijo, la Fepade ha propuesto reformar el Artículo 24 del Código Penal Federal relativo a los delitos electorales”, que data de 1996.
En entrevista con la agencia Notimex, Vargas Valdez precisó que “ha habido una sofisticación en la capacidad de delinquir en materia electoral”.
Los partidos, explicó, son cada vez entidades más complejas, más plurales y “tienen prácticas mucho más complejas de lo que en ese entonces existía, esto es, de coacción de voto”.
    Por tal motivo, lo que se busca es, dijo, evitar que candidatos o gobernantes involucrados con el narcotráfico rindan protesta como representantes populares.
El funcionario sostuvo que para “blindar” las campañas y precampañas se requiere la aprobación, en el Congreso de la Unión, de la reforma penal electoral propuesta, con lo que se lograría sancionar el uso de recursos de origen ilícito, públicos o de cualquier índole.
Otro objetivo, detalló, es penalizar la desviación de programas sociales para apoyar actos político-electorales y sancionar la comercialización de la información contenida en el padrón electoral.
Vargas Valdez adelantó que será en el primer bimestre de 2011, cuando el gobierno federal envíe la iniciativa de reforma al Congreso, a fin de que sea discutida y, en su caso, aprobada por el Poder Legislativo.
Se trata, explicó, de hacer énfasis con las fuerzas políticas en las reglas del juego con las que querrán jugar en el próximo proceso electoral federal en los temas más sensibles y delicados para ganar una contienda, como preservar la equidad y el buen clima electoral.
Y aclaró que si los partidos no aprueban las nuevas reglas del juego, “tendrán que asumir la responsabilidad de que quieren seguir con normas que son imperfectas, son obsoletas, superan la realidad que hoy nos preocupan a todos”.
Ellos, agregó, “tienen la última palabra, son el poder que les toca decidir la aprobación de leyes (…) y en caso de que no se quieran, también tendrán que asumir la responsabilidad de que esas son las reglas del juego con las que se quiere ir al próximo proceso electoral federal que sin duda va a ser muy competido”, expresó.
A juicio del fiscal en delitos electorales, el narcotráfico y el crimen organizado “están trastocando el principio que deben tener los procesos electorales”.
Para nadie es ajeno, dijo, que en ciertas regiones del país “hay preocupación por la presencia cada vez más activa e intimidatoria de estos grupos armados y de estos grupos delictivos, y eso creo que es algo que afecta mucho a la sociedad y tenemos que atacarlo”, puntualizó.
E insistió: “Estas cuestiones que estamos mencionando (narcotráfico) a todos afecta. Hay una conciencia de que constituyen afectaciones al proceso electoral y hoy puede ser la víctima un partido y el día de mañana, el otro”
El titular de la Fepade resaltó también que ahora existen nuevos fenómenos que antes no estaban previstos y que amenazan los procesos electorales. Sobre todo, dijo, generan desequilibrios “tanto por miedo, como es el crimen organizado, como por apoyos indebidos que afectan la equidad en la contienda electoral”.
Luego, comentó que durante el proceso electoral de 2010 fueron reportados 159 delitos y se presentaron 155 denuncias, de las cuales sólo dos fueron consignadas y 104 (67%) están en proceso de integración de la averiguación previa.
Sobre los 159 delitos electorales registrados, añadió, 54% corresponden a conductas relacionadas con sanciones a situaciones de compra y coacción del voto.

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