MEXICO, DF, 1 de diciembre (apro).- El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón, alertó sobre los riesgos que representa a las garantías fundamentales el hecho de que militares se involucren en tareas de seguridad pública, como ocurre actualmente en México.
    En la presentación del informe sobre “Seguridad ciudadana y derechos humanos”, auspiciado por la CIDH, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos (OACNUDH) y Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Cantón sostuvo que se trate de México, o de cualquier otro país que utilice a sus Fuerzas Armadas para combatir delitos, deben prenderse “focos amarillos”, ya que éstas no están preparadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública.
    El funcionario de la OEA estuvo acompañado del encargado de la OACNUDH, Javier Hernández Valencia, así como por Gino Costa, director ejecutivo de la organización Ciudad Nuestra y exministro del Interior de Perú, durante el gobierno de Alejandro Toledo.
    Cantón, también responsable de recibir denuncias sobre violaciones a derechos humanos en el continente, aclaró que su presencia en México no tenía la intención de juzgar la política de seguridad ciudadana del gobierno de Felipe Calderón, sino que su visita forma parte de una gira por América Latina para presentar el reporta ya mencionado, el cual “fija una serie de estándares internacionales de derechos humanos que los Estados deben cumplir para garantizar el derecho a la seguridad”.
    Ante la insistencia de reporteros sobre su posición frente a la utilización del Ejército en México como punta de lanza del combate al narcotráfico, Cantón recordó la postura de la CIDH de hacer una distinción entre la política de seguridad nacional, a cargo de las Fuerzas Armadas, y de seguridad pública que compete a las corporaciones policiacas.
    Recordó la “tendencia de mano dura en América Latina” por recurrir a las tropas para combatir delitos como el narcotráfico, y advirtió que la participación de soldados “no necesariamente implica violaciones a derechos humanos, pero su acción debe ocurrir en circunstancias muy específicas, como un apoyo a las fuerzas policiales y bajo estrictos controles democráticos, de la sociedad civil”.
    El secretario ejecutivo de la CIDH señaló que “a partir del momento en que las Fuerzas Armadas, ya sea México o cualquier país de la región, sean utilizadas para la seguridad pública, hay que prestar debida atención, porque las funciones de las Fuerzas Armadas son distintas a las funciones de prevención del delito”.
Cantón insistió en que los soldados “no están entrenados” para cumplir esas funciones, por lo que de participar “en la seguridad interior, puede llevar a violaciones a los derechos humanos y ahí es donde uno tiene que estar muy atento”.
    Agregó que de no haber más opción para un Estado, la colaboración militar en esas tareas “se tiene que dar bajo un estricto control democrático por parte del sector civil y con seguimiento muy cercano de toda la sociedad, con reglas muy claras y precisas para evitar violaciones a derechos humanos”.
    Cantón señaló que el objetivo del informe, el cual ya se presentó en Argentina, Uruguay, El Salvador, Guatemala y Estados Unidos, es cambiar el paradigma de los Estados sobre la forma en ejercer su obligación de proteger a la ciudadanía, en el que el respeto a los derechos humanos y la prevención del delito como una visión global debe estar antes que la respuesta policial, carcelaria y judicial.
    Uno de los motivos que llevaron a la elaboración del reporte, reveló, fue el que las estadísticas en la región reflejaran un desplazamiento del tema del empleo como preocupación principal por el de la seguridad pública.
Luego ubicó a los jóvenes como el sector poblacional más afectado por la violencia en el continente, reflejado en las altas tasas de asesinatos, como víctimas y victimarios, de niños, niñas y jóvenes de entre 15 a 29 años, con una tasa de 68.9 por cada cien mil.
    “Los jóvenes pobres, de bajos ingresos, son los que están siendo afectados por las problemáticas de violencia, de ahí que el trabajo de prevención debe ser más fuerte, y esto se ve en la región ante la falta de alternativas de ocupación, por la pobreza que se está viviendo en la región y el incremento de la inseguridad ciudadana”.
    Por su parte, Gino Costa resaltó que el incremento sustancial de la violencia, reflejada en el aumento en la tasa de homicidios, sobre todo entre jóvenes de 15 a 25 años, así como por las víctimas de delitos patrimoniales, significa que los gobiernos del continente “se han equivocado en las políticas que han puesto en práctica”, de ahí la urgencia de aplicar mecanismos en los que se establezca “la relación estrecha entre seguridad y derechos humanos, lo que garantiza la legitimidad de las políticas de seguridad, su eficiencia y éxito”.
    El informe también destaca que “el aumento de la pobreza y la indigencia han elevado los niveles de desigualdad social y exclusión social, y han favorecido el aumento de la violencia y criminalidad”
Entre las tasas alarmantes en comparación a los registros mundiales, se subraya que, en promedio, en América Latina ocurren 27.5 homicidios por cada cien mil habitantes, mientas que en Europa la tasa es apenas de 8.9.
    Agregó que la tasa de víctimas de delitos patrimoniales, “en la última década, es de 36 por cada cien mil habitantes en América Latina, lo cual es muy alto si se compara con América del Norte, Europa y Japón, donde la tasa es de 16; todo esto nos habla de que hay una responsabilidad el Estado frente a su población, la cual no está siendo atendida”.