Es un hecho documentado que numerosas regiones del país son controladas por el narco. Es el caso del campo tamaulipeco, donde nadie transita sin ser interceptado por sicarios. De hecho, autoridades municipales y trabajadores de instancias federales han sido levantados o asesinados por integrantes de Los Zetas o del cártel del Golfo, quienes se disputan la zona. Hoy, pocos se atreven a visitar las zonas marginales para entregar, por ejemplo, los recursos correspondientes a programas sociales.

CIUDAD VICTORIA, TAMPS.- Territorios del narco, amplias zonas de Tamaulipas se hallan por completo fuera del control de las autoridades civiles y militares, a tal grado que quienes se encargan de distribuir los recursos de los programas sociales requieren de la custodia del Ejército para cumplir su trabajo. Pero eso no es todo: incluso algunas dependencias oficiales se han visto obligadas a suspender sus actividades en esas regiones.

Servidores públicos sostienen que hay localidades a las que es imposible llegar: sus sendas son transitadas sólo por sicarios que tienen refugios en los ranchos y las comunidades ejidales.

La inseguridad en los 43 municipios de Tamaulipas, derivada de la guerra entre el cártel del Golfo y Los Zetas, ha obligado a los tres niveles de gobierno a suspender algunos programas o a modificar sus protocolos por el riesgo que corren los trabajadores de ser interceptados, asaltados o asesinados.

Pasó hace poco en Nuevo Laredo: los promotores de un programa federal fueron sometidos por hombres encapuchados y armados que los obligaron a permanecer hincados durante horas para comprobar si eran servidores públicos y no sicarios enemigos.

En septiembre pasado tres empleados de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado y uno de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que trabajaban en una caseta del municipio de Llera, fueron ejecutados y mutilados. Por las mismas fechas levantaron a dos trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social en esta capital. Fueron liberados días después.

“Hemos limitado los horarios para que nuestro personal transite por carretera de 8 de la mañana a 4 de la tarde; igual a esas horas pueden presentarse situaciones de peligro, pero antes y después de ese horario sabemos que no hay garantías y se corren altos riesgos”, reconoce un funcionario federal.

“Eso es por carretera, porque por veredas ya no se puede andar a ninguna hora en la mayoría de las zonas rurales del estado”, agrega.

Extracto del reportaje que se publica en la edición 1780 de la revista Proceso, ya en circulación.