MÉXICO, D.F., 13 de diciembre (Proceso).- El jueves 2, cuando aún faltaba uno de los tres días del plazo que tenían la Procuraduría General de la República (PGR) y el legislador Julio César Godoy Toscano para presentar sus últimas pruebas a favor o en contra del desafuero de éste, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados ya había hecho su valoración: el juicio procede.

La semana siguiente, Proceso consultó a diversos legisladores, quienes confirmaron que el trámite de desafuero se iniciará a las 10 de la mañana del martes 14. La Sección Instructora decidió desaforar al legislador luego de escuchar 25 nuevas grabaciones que le entregó la PGR, en 10 de las cuales hay elementos que vinculan al diputado Godoy Toscano con el crimen organizado.

En una de esas grabaciones se oye la voz de una persona que pide ayuda al legislador para que interceda por él y “que no lo levanten”. En otra se escucha la conversación entre una persona no identificada y alguien que presuntamente es Godoy; ambos hablan del lugar donde se habría tirado un cadáver.

Otras pruebas son declaraciones de cuatro testigos que se presentaron durante las indagatorias de otros procesos penales; los cuatro afirman que el diputado es parte del grupo criminal de La Familia Michoacana.

Además se tiene un dictamen contable –ordenado por la propia Sección Instructora– de los movimientos bancarios de los últimos tres años de Julio César Godoy Toscano. Ya el 6 de noviembre la PGR había informado que en esos tres años el legislador realizó operaciones bancarias por 24 millones 759 mil 948 pesos y que incluso en un mes hizo depósitos en efectivo hasta por 500 mil pesos.

Sobre este punto, la Sección Instructora solicitó un dictamen en el que se detectaron movimientos hasta por 78 millones de pesos en el mismo lapso; de ellos aproximadamente 58% fueron en efectivo.

Otro elemento que se tomó en cuenta fue la prueba pericial entregada por la PGR en la que se confirma que sí es la voz de Godoy Toscano la grabada el 12 de junio de 2009 durante una conversación con Servando Gómez Martínez, La Tuta, uno de los dirigentes de La Familia. Esa grabación fue divulgada el 14 de octubre por el noticiario de W Radio.

Proceso supo de estos elementos de prueba gracias a legisladores que fueron informados por el presidente de la Sección Instructora o que tuvieron acceso al expediente del caso Godoy.

Sondeos de Santiago

Después de haber leído las pruebas de la PGR a favor del desafuero y las de Godoy para evitarlo, el presidente de la Sección Instructora, César Augusto Santiago, consideró que sí hay elementos para retirarle el fuero constitucional al michoacano.

El jueves 2, Santiago inició un sondeo con los distintos grupos parlamentarios para saber cómo votarán en el pleno; incluso les comentó que las últimas pruebas aportadas por la PGR incriminan a Godoy por el delito de “delincuencia organizada”.

Les informó que el michoacano sólo presentó en su defensa los amparos que le fueron concedidos por diversos jueces al no encontrar elementos que probaran su participación en el crimen organizado; con esos recursos se anuló la primera orden de aprehensión en su contra.

Godoy también entregó el más reciente amparo a su favor concedido el pasado 30 de noviembre por el juez Primero de Distrito en el estado de Michoacán, Efraín Cázares López, originado por la segunda orden de aprehensión girada el 5 de septiembre por el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en Jalisco.

Entre las pruebas de descargo que solicitó el diputado está el compendio de la averiguación previa abierta en su contra en Jalisco, pero hasta el cierre de esta edición no se ha notificado a los miembros de la Sección Instructora la llegada de ese expediente, comenta en entrevista la diputada perredista Telma Guajardo, integrante de la Sección Instructora.

Afirmó que por esta razón no se puede concluir el proceso y dijo que los tiempos del procedimiento no fueron respetados, pues los tres últimos días de presentación de pruebas para cada una de las partes se inician 30 días después de la notificación.

“El diputado fue notificado el 5 de noviembre, por lo que el plazo empieza a correr a partir del 5 de diciembre; después hay tres días para la PGR y tres para el diputado, lo que lleva la fecha al 11 de diciembre”, precisa Guajardo.

Al primer legislador que el 2 de diciembre consultó el presidente de la Sección Instructora fue al diputado petista Mario di Costanzo, y fue éste quien relató lo arriba detallado.

El siguiente fin de semana, Santiago se comunicó con otros legisladores del Partido del Trabajo: Jaime Cárdenas, Gerardo Fernández Noroña y Enrique Ibarra. Los citó a todos para comer el lunes 6. 

Santiago repitió lo dicho a Di Costanzo días antes: hay pruebas nuevas que inculpan a Godoy Toscano.

En ese encuentro, narró Di Costanzo, el presidente de la Sección Instructora les dijo que tenía dos posibilidades: una, presentar un dictamen ligero a favor del desafuero que no expusiera tanto al legislador; y la otra, someter al pleno otro, también a favor, pero más tortuoso, que lo expusiera ante la asamblea de diputados federales y con base en el cual prácticamente lo estarían enjuiciando.

“Nos preguntó cómo lo veíamos”, recuerda Di Costanzo, quien aclaró que, sin establecer o no la culpabilidad de Godoy Toscano, le reclamó a Santiago que la Cámara incluyera como integrantes de la Sección Instructora a dos diputados que en el pasado fueron cuestionados por sus posibles vínculos con el narcotráfico: el priista Arturo Zamora y el panista César Madrigal Díaz.

–Si vamos a empezar con descalificaciones no podemos seguir –fue la respuesta.

Jaime Cárdenas se enfocó en si era válida la orden de aprehensión contra Godoy Toscano luego de que el juez Primero de Distrito de Michoacán le había concedido un último amparo el pasado 30 de noviembre.

Fernández Noroña le comentó a Santiago que en México prácticamente se vive en un narcoestado, y prueba de ello, dijo, es la declaración ministerial de Sergio Villarreal, El Grande, donde afirma que conoció a Felipe Calderón Hinojosa.

Además, preguntó por qué la Cámara tendría que hacerle el juego al Ejecutivo y cómo darle la razón si el propio secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna está metido en el narco… o por qué no se enjuiciaba y desaforaba a Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes y sobre quien también existe una solicitud de desafuero.

La respuesta de Santiago fue que la gran diferencia era que sobre quienes mencionaba no existe una petición de desafuero de la PGR.

Sin salida

Durante la semana pasada en los pasillos de la Cámara de Diputados se mencionaba insistentemente el inminente desafuero de Godoy. El martes 7, Santiago lo comentó con el coordinador de su bancada, Francisco Rojas, quien le dijo que si encontraba elementos para el desafuero, procediera.

Ese mismo día, Alejandro Encinas confirmó a Proceso que todo apunta al desafuero pero que su partido aún argumentaría que al tener el diputado Godoy Toscano un nuevo amparo a su favor, la orden de aprehensión no puede existir.

Tanto el coordinador de los diputados perredistas, Alejandro Encinas, como el Partido del Trabajo decidieron que votarán por el desafuero pero no intervendrían en la discusión ni hablarán de los señalamientos de posibles vínculos de Godoy con el narcotráfico.

El presidente de la sección, elaborará el dictamen a favor del desafuero este domingo 12, lo someterá a discusión de la Sección el lunes 13 y al pleno el día siguiente. l