Pide SCJN eliminar la facultad de investigación que le confiere la Constitución

miércoles, 15 de diciembre de 2010

MÉXICO, D.F., 15 de diciembre (apro).- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, reveló que ese órgano formalizó su solicitud al Congreso de la Unión para que se elimine la facultad de investigación que le confiere el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución.

Al rendir su último informe, luego de encabezar durante los últimos cuatro años al Poder Judicial de la Federación, el ministro señaló que en noviembre pasado se le comunicó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que la posición mayoritaria asumida por el pleno de la Corte es a favor de la supresión de esa facultad, que no deriva en responsabilidades vinculantes.

El máximo tribunal del país, subrayó, siempre pugnó por la expedición de una ley reglamentaria o bien la supresión de esa atribución no jurisdiccional.

Frente al presidente Felipe Calderón, a quien agradeció que en la terna de candidatas que envió al Senado y que ayer fue desechada hubiera incluido a tres integrantes del Poder Judicial de la Federación, Ortiz Mayagoitia reconoció la reciente reforma que se aprobó al sistema de juicios de amparo, que impactará directamente en el trabajo que realizan los juzgados y tribunales federales de todo el país.

Asimismo, reiteró la importancia de que el nombramiento del nuevo ministro de la SCJN, que quedó pendiente para el próximo año, recaiga en un juez de carrera, para preservar un sano equilibrio en el máximo tribunal del país, y recordó que actualmente sólo cuatro de los 10 ministros que integran la Corte se forjaron en el Poder Judicial.

Durante su informe, al que acudieron funcionarios de primer nivel en el ámbito federal, entre ellos el secretario de Gobernación, José Francisco Blake; el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez; el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia; el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, y la consejera jurídica del gobierno del Distrito Federal, Leticia Bonifaz, el ministro detalló que el número de juicios que atienden los juzgados y tribunales federales superó la cifra de un millón de asuntos durante 2010.

La tercera parte de los juicios que se promovieron, cuya tendencia se mantiene a la alza, dijo, corresponden a los asuntos de tipo penal. 

"En términos generales, la materia penal –entre procesos y amparos– representa una tercera parte del total de los asuntos", puntualizó.

De acuerdo con Ortiz Mayagoitia, "al Poder Judicial Federal no le corresponde fomentar ni desalentar el litigio. Eso está fuera de nuestro control”.

La función del Consejo de la Judicatura Federal, añadió, es garantizar la existencia de recursos materiales y humanos adecuados y suficientes para cumplir con las expectativas de la sociedad a la que sirve. 

Dio a conocer que para cumplir con la demanda de impartición de justicia, en los cuatro años de su administración se registró un incremento en la cantidad de órganos judiciales federales superior a 20%, al pasar de 555 juzgados y tribunales en 2007, a más de 670 en el 2010. 

El incrementó de juzgados y tribunales llevó, por consecuencia, a aumentar el número de jueces y magistrados, al pasar también de 915 en 2007, a más de mil 100 impartidores de justicia para atender a la población del país que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (Inegi), supera los 110 millones de personas. 

"Esto significa que actualmente existe un juzgador federal por cada 100 mil habitantes, aproximadamente", añadió. 

No obstante, aclaró que esa proporción es baja si se toman en cuenta índices internacionales que consideran un mayor número de jueces por cada 100 mil habitantes.