MÉXICO, D.F., 17 de diciembre (apro).- La polémica por la licitación 21 en materia de telecomunicaciones, la misma que definirá la competencia por el cuádruple play en los próximos 20 años, llegó a los documentos que entregaron los testigos sociales, Mónica Gabriela Ramírez y Fernando Ramírez Mireles, de Transparencia Mexicana.

Las opiniones de los dos miembros de la organización Transparencia Mexicana fueron editadas o censuradas por la propia Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para evitar la polémica en torno de la “ganga” a favor de la sociedad Nextel-Televisa.

Un párrafo fundamental del “Informe Ejecutivo” de Transparencia Mexicana fue eliminado o convenientemente sesgado en la difusión de Cofetel. Se trata de aquel en el que se advierte que se produciría un quebranto de 5 mil millones de pesos para el erario público por la condonación de dos años del pago de derechos a los ganadores de la licitación.

Otro punto conflictivo fue la disparidad entre los 180.3 millones de pesos que pagaron Nextel-Televisa por el bloque de 30 megahertz, el más valioso y de cobertura nacional, frente a los 3 mil 793 millones de pesos de Telcel para el bloque de 10 megahertz, o los mil 273 millones de pesos de Pegaso Comunicaciones y Sistemas por otro bloque de 10 megahertez.

En el informe ejecutivo, cuya versión original está firmada el 25 de noviembre, se señala:

“Si se considera el monto que van a pagar los concesionarios al final de la licitación, la disparidad es considerable, ya que los operadores existentes están pagando por megahertz más de 10 veces de lo que van a pagar los operadores nuevos (entiéndase Nextel y Televisa). Desde este enfoque, hubo analistas que afirman que habría daño al erario público, pues desde su punto de vista se está dejando de recaudar dinero por concepto de derechos”.

Sin embargo, los mismos testigos de Transparencia Mexicana tratan de desviar el punto fundamental de la disparidad y la “ganga” al señalar: “Por otro lado, si considera el monto a pagar por concepto de derechos, que se pagarán durante toda la vida de la concesión, encontramos que la disparidad disminuye. Desde este enfoque hubo analistas que afirman que no hay daño al erario público, pues los fines de la licitación no son recaudatorios, ya que durante la vida de la concesión, el nuevo operador pagaría sumas considerables por concepto de ISR e IVA, al prestar servicio de telecomunicaciones, como resultado del uso, aprovechamiento y explotación de las bandas de las cuales son concesionarios”.

El Grupo Salinas, propietario de Iusacell, destacó que el informe de Transparencia Mexicana fue modificado por presiones de la Cofetel.

Una fuente interna de la comisión envió un reporte a la revista Proceso, en donde confirma lo siguiente:

“He sido testigo de cómo diversas autoridades de la Cofetel, particularmente Héctor Osuna y Mony de Swaan, hicieron todo lo posible para hacerse del control absoluto de todos los procedimientos para evitar así cualquier fuga de información.

“Estoy al tanto, como lo ha informado la prensa, que la Cofetel manipuló la información al hacer público únicamente aspectos del Informe Final de Transparencia Mexicana y omitir detalles fundamentales del Informe Ejecutivo, en el que se confirma lo que todos saben: que existe un desfalco a la nación por más de 5 mil millones de pesos”.