MÉXICO, D.F., 17 de diciembre (apro).- El Poder Judicial de Chihuahua suspendió hoy a los tres jueces que dejaron en libertad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino confeso de Rubí Marisol Frayre, y presunto homicida de la madre de ésta, Marisela Escobedo.
    Barraza Bocanegra fue absuelto el pasado 29 de abril, pese a que él mismo confesó que asesinó a Rubí Marisol, aunque una semana después la sentencia fue revertida y se le condenó a 50 años de prisión. Sin embargo, no fue detenido porque se dio a la fuga.
    Marisela Escobedo fue asesinada la noche del jueves frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde mantenía una protesta desde hace nueve días para exigir justicia por el homicidio de su hija. Un hombre se le acercó y después de que ésta intentara huir, el agresor le disparó en la cabeza.
    Por la mañana, el gobernador César Duarte anunció que pediría el desafuero de los jueces para que enfrentaran la justicia por las omisiones y abuso de poder que mostraron el caso.
    Afirmó que por la “insolencia” de esos jueces, Marisela Escobedo fue asesinada.
Esta tarde, el Poder Judicial del estado confirmó que quedaron suspendidos de sus labores a los tres jueces, de los cuales no se proporcionaron los nombres. La decisión fue tomada por unanimidad.

ONU y AI condenan el homicidio
Por otra parte, organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos condenaron “enérgicamente” el asesinato de la activista Marisela Escobedo, cometido la noche del jueves frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua.
    El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) en México, Javier Valenzuela, calificó de “escandaloso”, “desolador e indignante” el homicidio de Escobedo, quien desde hace nueve días mantenía una protesta frente al Palacio de Gobierno para exigir justicia por el asesinato de su hija, Rubí Marisol, perpetrado en agosto de 2008 por su pareja sentimental, Sergio Rafael Barraza Bocanegra.
    El representante de  ACNUDH lamentó la “impunidad en que se hundió su esfuerzo” de Marisela por llevar a la cárcel al asesino de su hija.
Valenzuela señaló que “es el momento de redoblar nuestra solidaridad" y el acompañamiento a "todas las personas, en particular mujeres y madres", que han visto a sus familias "diezmadas por la violencia" y exigen que se les haga justicia.
    Por la mañana, la organización Amnistía Internacional (AI) condenó el crimen y lamentó que “una vez más la negligencia de las autoridades federales y estatales para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer en Chihuahua ha llevado a que sean los familiares y las organizaciones de derechos humanos los que sufren las represalias por luchar por la justicia y la verdad”.
    A su vez, el presidente de México SOS, Alejandro Martí, afirmó que el crimen “revela el grado de vulnerabilidad que tienen las víctimas en México cuando deciden presentar una denuncia contra la delincuencia".
A través de un comunicado, Martín llamó a la ciudadanía a “perder el miedo a la denuncia”, sin embargo destacó que ésta debe ser acompañada de garantías reales por parte de los gobiernos estatales y federal, para que las víctimas no sufran represalias y se combata de esa manera la cifra negra.
    En tanto, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CDHM) y Justicia para Nuestras Hijas, deploraron la desatención que el caso recibió de las autoridades federales y del estado.
"Ante tal incapacidad, cantidad de omisiones, desprecio y negligencia, el Estado mexicano es responsable y debe responder inmediatamente por el asesinato de Rubí y Marisela. Ya basta. Ni una más", indicaron las ONG