MEXICO, DF, 20 de diciembre (apro).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) condenó al Estado mexicano por la violación de los derechos a la libertad, a la integridad, a las garantías judiciales y protección judicial de los ambientalistas guerrerenses Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
Este lunes, el máximo tribunal regional emitió la cuarta sentencia en contra de la actuación del Ejército Mexicano en los últimos dos años.
En un comunicado, los centros de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Pro-DH) y por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés) destacaron como punto relevante de la sentencia la instrucción de reformar el Código de Justicia Militar, con el fin de excluir del fuero castrense los delitos relacionados “no sólo con casos de tortura, desaparición forzada y sexual, sino todas las violaciones a garantías fundamentales”.
Ambas organizaciones, encargadas de la defensa de Montiel y Cabrera, puntualizan que con la anterior resolución “es claro que la iniciativa presentada por el presidente (Felipe Calderón) el pasado 18 de octubre en la materia no satisface lo establecido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
En mayo de 1999, Montiel y Cabrera fueron detenidos y torturados por elementos del Ejército Mexicano en la sierra de Guerrero, y luego encarcelados por cargos arrancados a través de la tortura.
El 7 de noviembre de 2001 fueron liberados por órdenes del presidente Vicente Fox debido a la presión de organizaciones nacionales e internacionales por la falta de justicia en el caso.
La resolución de la Coidh ordena al Estado mexicano la investigación de las violaciones a los derechos humanos contra los campesinos en el fuero ordinario, indemnizar a los ambientalistas, cubrir tratamientos médicos y psicológicos “y fortalecer el funcionamiento del Registro de Personas Detenidas por el Ejército”.
La Corte regional también destacó que los tribunales que llevaron el proceso jurídico de Montiel y Cabrera “debieron excluir totalmente las confesiones rendidas por éstos”, toda vez que se demostró “la existencia de tratos crueles e inhumanos”, lo que inhabilita esas evidencias.
Lo anterior, destacan el Centro-Pro y el Cejil, alerta sobre la necesidad de reformar las prácticas actuales de los procesos penales que aún toleran las declaraciones arrancadas por tortura.
El caso de los activistas guerrerenses fue admitido en febrero de 2004 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que lo llevó hasta el tribunal regional el 24 de junio de 2009.
El 26 de agosto de 2006, Rodolfo Montiel acudió a la sede de la Coidh en Costa Rica para rendir su testimonio.
Las ONG urgieron al gobierno de Felipe Calderón a cumplir esta sentencia, la quinta que emite el Sistema Interamericano en contra de México en los últimos dos años, cuatro de ellas relacionadas con agravios cometidos por efectivos militares en contra de civiles.